La Cámara de Senadores aprobó ayer una reforma al artículo 123 Constitucional, con el que se crea un fondo de aportaciones patronales para la construcción de vivienda de interés social.
Aunque faltan, desde luego, las leyes secundarias para reglamentar esta modificación constitucional, no queda muy claro sí dicho fondo será el sustituto del Infonavit o convivirán los dos, lo que implicaría, para los empleadores de todo el país, independiente del tamaño, una doble tributación.
No se especifica en la reforma si dicho fondo nacional sólo se constituirá con las aportaciones de los patrones, si el gobierno también le entrará y si los trabajadores también podrán o deberán integrarse.
Se trata, dijeron los promoventes de Morena, de una reforma que permite la creación de un sistema de vivienda con “orientación social para los trabajadores’’.
Con la modificación, los patrones deberán proporcionar viviendas “adecuadas’’ -ya quitaron la palabra dignas- “mediante aportaciones a un fondo nacional a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores’’.
No se sabe quién administrará dicho fondo, de cuánto serán las aportaciones de los empleadores ni si dicho instrumento suplantará al Infonavit, que se supone para eso está.
Lo que también contempla la reforma es que los recursos de dicho fondo sirvan para la compra de tierra -terrenos-, en donde se construirán viviendas “adecuadas’’ que serán rentadas a los trabajadores.
El pago de la renta no deberá ser superior al 30% del salario del trabajador y, pasados diez años, quien renta tendrá prioridad para comprar la vivienda teniendo como anticipo las rentas pagadas en la década.
Suena muy bonito, hasta utópico, pero de entrada que el gobierno compre tierras con dinero ajeno ya huele a probable corrupción.
Sólo imagínese los negocios que se podrían hacer si usted se entera en dónde se construirá una mega unidad habitacional y puede comprar esos terrenos.
Eso pasó con los trenes Maya y Transístmico; con el AIFA también.
La promesa es, desde luego, que toooooodo se hará transparente y se evitarán actos de corrupción.
Por lo pronto, extraña el silencio de las organizaciones representantes del sector empresarial y patronal, sobre esta nueva reforma que sí o sí, les significará un nuevo impuesto.
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Seguro la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el pulso de lo que los ciudadanos opinan del exministro Arturo Zaldívar, en cualquiera de las redes sociales.
También, sin duda, conoce perfectamente que el exministro tiene una pésima imagen dentro del aparato judicial (o lo que queda de él).
Y aún así, se dio el lujo de sumarlo como integrante del comité que evaluará los perfiles de los candidatos a ser votados como juzgadores.
Morena prometió que en tales comités estarían “solo personas altamente calificadas, con un buen nombre y prestigio’’, cuando la oposición acusó que la trampa de la elección de jueces, magistrados y ministros, radicaba precisamente en los comités de evaluación.
De los cinco propuestos por el Legislativo, cuatro son abiertamente morenistas; la propuesta del Ejecutivo, en la que incluyó a Zaldívar, no solo rompe tal promesa sino que constituye una provocación al Poder Judicial y a la ciudadanía que está en contra de la reforma.
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La soberbia con la que se maneja Gerardo Fernández Noroña provocará, tarde o temprano, una camorra en el pleno de los Senadores.
Ayer estuvo a punto de ocurrir cuando Alejandro Moreno subió hasta la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle el hecho de que ignorara la petición de los legisladores de oposición, que pedían la palabra para fijar una posición sobre la mal llamada reforma de “supremacía constitucional’’.
Solo es cuestión de tiempo.
@adriantrejo