Inevitable. Pese a las reuniones de comisionados con legisladores y la secretaria de Gobernación, ayer se dio publicidad al dictamen que lo desaparece
Foto: Especial | Inevitable. Pese a las reuniones de comisionados con legisladores y la secretaria de Gobernación, ayer se dio publicidad al dictamen que lo desaparece  

Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), las tres comisionadas y el comisionado presidente buscan que se garantice la permanencia de los derechos a la información y a la protección datos, así como la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Esto luego de que ayer la Cámara de Diputados dio publicidad al dictamen de reforma a la Constitución en el que desaparece al Inai, junto con otros seis organismos autónomos.

Se espera, según informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, que el dictamen se discuta y se vote entre el 11 y 14 de noviembre.

Este trámite para la iniciativa sobre la desaparición del instituto encargado de la transparencia en el país ocurre un día después de la claudicación de la Suprema Corte ante la reforma judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

En entrevista, la comisionada Julieta del Río Venegas comentó que se han reunido con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y con el diputado del PT, Ricardo Mejía.

“Desde que nos atendieron, para nosotros fue un resultado positivo porque también hay resistencia y la verdad es que (…) Nos atendieron muy bien, nos escucharon. ¿Qué es lo que les estamos planteando? La preocupación primero por la perseverancia del derecho a la información y protección de datos personales”, dijo.

Al respecto, Del Río Venegas comentó que la iniciativa es ambigua y les han hecho ver a los funcionarios y legisladores que en el caso de la Plataforma, que es la principal herramienta en México para ejercer el derecho a la información y a la protección de datos personales, hay 7 mil 407 entes obligados, de los cuales 6 mil 684 son estatales y solo 723 pertenecen al orden federal.

Además, que de los 14 mil 950 millones de registros cargados, solo mil 931 millones son del Poder Ejecutivo, por lo que la PNT no podrá pasar a una secretaría de Estado, como plantea el Gobierno federal, porque no todo lo que está ahí es del Poder Ejecutivo, sino que están incluidos los municipios y estados.

“No se sabe cómo se van a regular otros sujetos obligados como los sindicatos, las universidades, entonces les hemos externado estas preocupaciones. No estamos yendo para decirles: déjenos, por favor. Eo, eso lo dejo muy claro, en ninguna de la visita hemos dicho venimos a que nos dejen. No, venimos a decir así está esto y si se va a dar, los transitorios son muy cortos para la ley reglamentaria.

Entrevistado por separado, el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá, expresó que en estas reuniones que han sostenido con autoridades y el Poder Legislativo él siempre se ha pronunciado por la permanencia del Instituto.

“En las reuniones yo seguiré insistiendo hasta el último momento que exista la prevalencia del Inai, soy muy enfático (…) soy un convencido de que tiene que prevalecer el Inai con todas las facultades que tiene, pero si esto se avizora, hacerles ver en un debate legislativo que hay muchas cuestiones que también se tienen que precisar antes de que se apruebe el dictamen.

Destacó que el Estado mexicano necesita una institución “con autonomía, especialización, capacidad técnica, de operación y de gestión, con el nombre que se pudiera llamar, pero hay que buscar el mecanismo jurídico que permita esto”.

Comentó que también se les ha advertido del riesgo de incumplimiento con organismos internacionales y sobre la cantidad de recursos que tienen en trámite en el instituto, así como las denuncias y los procedimientos de verificación en materia de protección de datos personales que aún están pendientes, así como los procedimientos de sanción.

Tienen que prever, continuó, que el Inai tiene a su cargo la imposición de multas a entes privados, que equivalen a más de 570 millones de pesos que van directamente a la Tesorería de la Federación, y no se define en el dictamen quién le va a dar trámite a ello.

Del Río Venegas comentó que entre los comisionados no se ha planteado un escenario en el que no se tome en cuenta ninguna de las observaciones que han presentado y emprender en consecuencia acciones jurídicas, “seguimos platicando, nos han dado audiencias, estamos en esta etapa y esperar a ver qué pasa”.


Antecedente

En cuanto a acciones jurídicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de dirimir estos asuntos, pronto tendrá los ministros identificados con la Cuarta Transformación necesarios para descartar los asuntos.

Y es que en octubre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Inai la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Senado por no designar a tres personas comisionadas del instituto, lo que lo mantenía en inoperancia.

Esta situación incluso fue calificada por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como “el mundo ideal” para el hoy expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya buscaba desaparecer al Inai.