El gobierno de España, que encabeza Pedro Sánchez, propuso vincular la aprobación del proyecto de presupuesto 2025 a la obtención de fondos urgentes para la reconstrucción de las áreas afectadas por las recientes inundaciones. Dicha propuesta generó críticas de “chantaje político” por parte de la oposición.
En septiembre, la administración gubernamental presentó sus planes de gasto para el próximo año en el que se anticipó un déficit público del 2.5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, el texto del presupuesto permanece en resguardo mientras la coalición de gobierno se enfrenta a la compleja aritmética parlamentaria.
Ante el informe, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que “nadie entendería” por qué España se conformaría con jugar después de sus peores inundaciones en décadas. “Se necesita un presupuesto… la emergencia lo requiere“, afirmó.
Asimismo, instó a la “unidad” de la clase política polarizada del país, pero el principal partido conservador de la oposición derrotó cualquier esperanza de que la catástrofe sentara las bases para un nuevo presupuesto.
Por su parte, el Partido Popular condenó la propuesta como “chantaje” al argumentar que las víctimas “no deben usarse como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias”.
A las declaraciones, Junts per Catalunya, un partido separatista cuyo apoyo es clave en la aprobación de propuestas de gobierno, enfatizó que la ayuda “no puede esperar al largo escrutinio de un presupuesto teórico“.