Por unanimidad el Senado aprobó la reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, que otorga mayores facultades a la secretaría del ramo y a su titular.
Senadores de todos los partidos políticos coincidieron en que esta reforma, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dará a su gobierno el andamiaje para poder hacer un combate a la violencia e inseguridad.
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Al respecto, la senadora del PRI, Mely Romero advirtió que ahora “senadoras, senadores y gobierno en turno, es su responsabilidad, la violencia del país ya no es culpa del pasado, esta iniciativa comienza a decirnos que finalmente lo están aceptando (que la política de abrazos y no balazos no funcionó)”.
La coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, recordó que el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG tenía, en el 2018, un fondo de 5 mil millones de pesos y en el 2012 no se les asignaron recursos, por lo que subrayó la importancia de un fondo para atender la seguridad y acciones de fortalecimiento municipal.
Destacó que “la estrategia nacional de seguridad representa un cambio de timón muy importante y lo celebramos”.
La reforma aprobada y que será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la facultad de auxiliar al presidente de México, “en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública”.
La propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, establece la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las labores de investigación para que coadyuve con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y el cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal.
Asimismo, se señala que podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, las cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley.
Y podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
Se incorpora la garantía del control y vigilancia efectiva de los fondos federales destinados a la seguridad pública, se establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos, lineamientos, y realizar acciones que homologuen estándares de actuación, coordinación y concurrencia eficiente entre los tres órdenes de gobierno.
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Además, se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública la cual fungirá como un ente articulado entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad las cuales le deberán permitirle obtener conocimiento a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de los datos e información con los que cuente cada institución acerca de las capacidades y vulnerabilidades de diversos actores de interés.
Con ello, se permite que la investigación de delitos se base en inteligencia, información estratégica y análisis de datos aprovechando para ello los avances tecnológicos disponibles.
Asimismo la Secretaría será la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones.
EAM