Con 335 votos a favor del bloque de Morena, PVEM y PT y 108 en contra de la oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el que se amplía el catálogo de delitos considerados graves con prisión preventiva oficiosa, pero retiró de la lista al narcomenudeo y la defraudación fiscal.
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Con este cambio, únicamente se incorporaron a la lista existente la extorsión y, a partir de otra reserva, ampliar a los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, la prisión preventiva oficiosa.
La iniciativa modifica el Artículo 19 de la Constitución donde ya están catalogados como delitos graves el abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones); robo al transporte de carga y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros.
La reforma aprobada forma parte del llamado plan C presentado por la pasada administración federal y que incluye un total de 18 reformas a la Constitución y dos a leyes secundarias.
Al inicio del debate, la diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) presentó una moción suspensiva al dictamen al que consideró fuera de proporción y violento para las juventudes y las mujeres.
“Esta reforma es inconstitucional y debe ser suspendida antes de votarse en el pleno por dos razones: es regresiva, en perjuicio de los derechos humanos, lo cual es violatorio del artículo 1o. constitucional.
“Y número dos, el Estado mexicano ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa, en el caso García Rodríguez contra México. De hecho, no lo dije yo lo que estoy planteando, lo dijo el ministro, el exministro Zaldívar, y lo cito: ‘Aporta muy poco al combate contra la inseguridad y genera violaciones reiteradas a los derechos humanos de miles de mexicanas y de mexicanos’”, dijo la legisladora.
Su compañero de bancada, Pablo Vázquez Ahued, sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ha perpetuado un modelo extraordinariamente fallido en materia de procuración de justicia en México.
“Se trata de una figura violatoria de los derechos humanos y un instrumento de violencia institucional hacia las personas, porque de manera desproporcionada impone cárcel sin juicio, cárcel sin sentencia a miles de personas.
“Hoy casi 100 mil personas, que ante la Constitución se presume que son inocentes en nuestro marco jurídico, dormirán, sin embargo, en una cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa”, lamentó.
El diputado Arturo Yáñez Cuellar (PRI) aseveró que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas.
Recordó que en 2008 se modificó la Constitución de manera integral para fortalecer un sistema de procuración y administración de justicia, y cambió el modelo penal para construir un sistema transparente y protector de los derechos humanos.
“Desde entonces, la prisión preventiva oficiosa fue altamente criticada, porque en ella el Estado podía privar y puede privar a una persona sin la necesidad de una sentencia, basta con la acusación del Ministerio Público ante el juez para que de manera automática pueda privar de su libertad”, expresó el priista.
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En su intervención, el diputado Julio César Moreno (Morena) se dijo sorprendido de que el PRI, el PAN y MC estén a favor de los delincuentes que están cobrando el derecho de piso en los municipios, estados y alcaldías.
“Y también están a favor de que en el remoto caso de que se les denuncie y se les detenga, el juez tenga que liberarlos y llevar su juicio en libertad. Lamento mucho su vergonzosa postura que he escuchado. El pueblo los juzgará.
“Pobrecitos de los que cobran el derecho de piso, que se aprovechan de los ciudadanos que trabajan y luchan por sus familias cada día. Estos delincuentes deben estar agradecidos con los diputados del PRI y del PAN y de MC porque no solo tienen derecho a un abogado defensor, sino desde esta tribuna tienen legisladores que los defienden para que gocen de su impunidad y continúen delinquiendo, ya que al día de hoy llevan su proceso en libertad”, condenó.
CSAS