El ayuntamiento de Mérida, Yucatán, inició acciones contra quienes lotificaron terrenos en la comisaría de San Pedro Chimay, ubicada en la reserva ecológica de Cuxtal, para venderlos como “lotes de inversión”, a pesar de que está prohibido por ser un área natural protegida.
La directora Sandra García Peregrina informó que ya se presentaron denuncias ante la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR) contra los desarrolladores responsables de lotificar terrenos.
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“Detectamos la actividad y presentamos las denuncias correspondientes ante las autoridades mencionadas. La dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento también ha colocado sellos de clausura, y sabemos que la Profepa ha hecho lo mismo en varios de estos lotes”, expuso.
Ejidatarios de esa comisaría denunciaron y presentaron evidencias a 24 HORAS Yucatán. En ellas, se observa un avance significativo en la construcción de calles, y que algunos lotes ya cuentan con medidores de la Comisión Federal de Electricidad.
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HAY DENUNCIA PENAL
García Peregrina explicó que la querella levantada ante la FGR se presentó por la posible comisión de un delito ambiental de carácter penal, lo que ha derivado en un peritaje y en la apertura de una carpeta de investigación, precisó la directora de Cuxtal. El Código Penal federal establece penas de hasta nueve años de prisión, aunque esta cifra puede variar de acuerdo con factores como la reincidencia.
El artículo 421 marca sanciones adicionales para delitos ambientales, como la reparación o compensación del daño, la suspensión o demolición de obras que causaron el delito, la reincorporación de flora y fauna a su hábitat si no afecta el equilibrio ecológico, el retorno de materiales peligrosos a su origen, y la inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.
En el caso de la Profepa, precisó García Peregrina, la denuncia se refiere a un cambio de uso de suelo forestal sin los trámites correspondientes.
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Esta acción puede ser sancionada con multas que van desde 100 (10 mil 857 pesos) hasta 20 mil (dos millones 171 mil 400 pesos).Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.
Esperan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado también intervenga respecto al impacto ambiental, ya que esas obras debieron contar con permisos de esa dependencia.
URGE REVISAR TRATAJO DE NOTARIOS Y CATASTROS
Por su parte, el especialista en Ecología Humana del Cinvestav Unidad Mérida, Eduardo Batllori Sampedro, señaló la necesidad de analizar el trabajo de algunos notarios y catastros municipales, ya que muchas veces áreas protegidas terminan siendo lotificadas y escrituradas.
“Este caso de San Pedro Chimay no es único; hemos observado situaciones similares en reservas como El Palmar, la Reserva de la Biósfera de Celestún y Río Lagartos, donde grandes áreas de reserva se han dividido en lotes y ofrecido como lotes de inversión”, mencionó.
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Subrayó que para autorizar la lotificación y escrituración de terrenos, se deben cumplir requisitos de factibilidad urbana, estudios de impacto ambiental, permisos de cambio de uso de suelo y permisos de construcción, entre otros. Sin embargo, en desarrollos en zonas protegidas no siempre se cumple con estos requisitos.
Para evitar la construcción en áreas protegidas, la Ley de Desarrollo Inmobiliario del Estado exige que los catastros municipales actualicen el Padrón de acuerdo con las disposiciones legales y ambientales.
Esto incluye verificar que no se construya en zonas forestales o protegidas, como lamentablemente ocurrió en San Pedro Chimay, apuntó.