Para nadie es un secreto que los Alcalde Luján son, como los Batres y los Taddei, una de las familias consentidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por años, Bertha, la mamá y las hijas de ésta, Luisa María y Bertha María, han sido protegidas y favorecidas por el tabasqueño, quien ahora, desde su fingido retiro, volverá a meter el hombro (y la mano) para que una de sus ahijadas sigan viviendo del erario bajo el aforismo del 90 por ciento de lealtad-diez por ciento de capacidad.
Así las cosas, Bertha María Alcalde Luján, cuya más reciente aventura dentro de la administración pública al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) apenas tuvo una duración de siete meses con cero resultados, ahora se encamina a ser la próxima titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en lo que muchos consideran una simulación similar como la que llevó a Rosario Piedra Ibarra a repetir al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en razón de que a pesar de que la hermana de la actual presidenta nacional del Morena, Luisa María Alcalde Luján, no cuenta con el perfil ni con las cartas credenciales para encabezar la fiscalía capitalina, todo indica que la aplanadora morenista en el Congreso la catapultará hasta esa posición simple y llanamente porque “son órdenes del jefe de jefes”.
De acuerdo con legisladores capitalinos de la oposición, el proceso de selección de los aspirantes a suceder en la FGJCDMX a Ulises Lara López ha sido una total simulación, ya que de los siete candidatos palomeados por el Consejo Judicial Ciudadano del Congreso capitalino (cinco hombres y una mujer) seis de ellos se inscribieron con la indicación de ser comparsa de Bertha Luján.
Bajo este contexto, la pregunta obligada para este Consejo Judicial Ciudadano es la siguiente, ¿cuál es el criterio de idoneidad que aplicaron para permitirle a Bertha María participar en este proceso?
Cierto, la hermana de la dirigente nacional de Morena es licenciada en Derecho por la UNAM, pero hasta donde sabemos jamás ha ejercido como tal, por lo tanto no tiene forma de demostrar que por lo menos tiene cinco años de experiencia en menesteres legales, amén de que todos sus cargos en la administración pública los ha obtenido por obra y gracia del dedazo y no por capacidad, eso sin mencionar sus intentonas por ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, ¿cuál es la necesidad que tienen los morenistas de montar pantomimas para colocar en tal o cual puesto a sus incondicionales? A final de cuentas la línea ya está trazada y dictada, por lo que acabarán poniendo a quien se les pegue la gana. Así ocurrió con Rosario Piedra en la CNDH, así ocurrirá con Bertha Alcalde en la Fiscalía capitalina y así seguirá ocurriendo en donde se les pegue la gana.
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