Las reformas que elevan el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a rango constitucional y la reforma en materia de salarios mínimos, que forman parte del denominado Plan C que envió en febrero pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran congeladas por la falta de recursos para su instrumentación.
La reforma constitucional en materia de salarios mínimos fue aprobada el 9 de octubre por el Senado y enviada a los Congresos locales y hasta ahora no ha obtenido el voto de los 17 estados que necesita para declarar su validez.
Mientras que reformas como la de la inimpugnabilidad constitucional fue aprobada en 12 horas, rompiendo un récord, toda vez que logró la aprobación de 23 congresos locales que aprobaron la iniciativa en sesiones, incluso de madrugada.
La reforma de salarios mínimos establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia, lo que implica un mayor gasto para los patrones pero también para todos aquellos beneficios y programas sociales que el Gobierno ha tasado en salarios mínimos.
Incluso esta modificación también representa un gasto para la administración pública federal, toda vez que precisa que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo, el Senado sigue sin dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados desde septiembre pasado, por la que se eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que obliga al Estado a otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal.
Esta reforma también implica un gasto mayor para el Estado, toda vez que si aprueba la reforma que impide que el salario mínimo esté por debajo de la inflación, el presupuesto para los Jóvenes se eleva.
De esa manera, la instrumentación de ambas reformas requiere un amplio presupuesto y aunque las iniciativas no detallan el impacto económico de su entrada en vigor, senadores consultados por 24 HORAS señalan que están detenidas por un tema de falta de recursos, ya que serán muy costosas para el Estado y este no tiene de dónde sacar el dinero para solventarlas actualmente. /KARINA AGUILAR