El acceso al agua es un derecho, sin embargo, no toda la población tiene disposición de este recurso, por lo que es indispensable vigilar e identificar a los camiones que doten del líquido para un mejor monitoreo y control, además de penalizar a las pipas que cobren por un servicio gratuito, destacó la diputada por Morena, Adriana Espinosa de los Monteros.
El pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de las 16 alcaldías establecer buzones de denuncia ciudadana, colocar identificadores en los tanques y otorgar credenciales a las personas distribuidoras para su mejor identificación.
También pidió desarrollar, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), un sistema electrónico de control, seguimiento y monitoreo para las pipas encargadas de la distribución de agua gratuita.
Espinosa de los Monteros apuntó que “el derecho humano al agua comprende el acceso, la disposición y el saneamiento para brindar a las personas el vital líquido en forma potable, suficiente, salubre, asequible y de calidad para uso personal y doméstico”.
Sin embargo, aseguró que cerca de un millón de personas se ven afectadas, por lo que los esfuerzos del gobierno capitalino han permitido recuperar la rectoría sobre los recursos naturales, mitigar la sobreexplotación del acuífero y desarrollar una política de gestión integral del vital líquido para toda la zona metropolitana.
De acuerdo con el Inegi, el 98.9 por ciento de las viviendas disponen de agua entubada; sólo un 79.7 por ciento recibe agua diariamente, mientras que 9.3 por ciento lo hacen cada tercer día, 4.3 por ciento dos veces por semana, 4 por ciento sólo una vez por semana y 2.8 por ciento de vez en cuando o no la reciben, abundó.
Los diputados reconocieron que el acceso al agua por medio de pipas es un problema complejo que atraviesa por dificultades adyacentes al servicio, como abusos por parte de los operadores de las pipas, venta de agua del servicio gratuito, mala calidad de las pipas, contaminación del agua, insalubridad y falta de vigilancia, entre otras anomalías.
La legisladora morenista explicó que para atender este problema se deben sumar las voluntades de las y los alcaldes con el gobierno central para homologar criterios, además de implementar la digitalización de trámites y mejorar las condiciones de los tanques, los mecanismos de control, el seguimiento y el monitoreo.