Los comisionados del Inai señalaron que fueron rehenes de decisiones políticas y acusaron que hubo oídos sordos ante las alertas por el grave retroceso que significa la desaparición del órgano de transparencia.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas reiteró que una de las preocupaciones que se han externado recae sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y sus 14 mil 972 millones 940 mil 509 registros que contiene. “Esto equivale a un mundo de datos a 40 veces las bases de datos del Archivo General de la Nación, esto representa 16.5 terabytes de información contenida en la herramienta tecnológica, que se ha construido desde el año 2016 por todos los mexicanos, por todos los sujetos obligados de este país”.
La iniciativa no esclarece a dónde pasaría la Plataforma Nacional de Transparencia. Pasarían las obligaciones que le corresponden al Poder Ejecutivo federal, que son 270 autoridades, pero no las 7 mil 407 autoridades obligadas hoy en día en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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“No se trata que cada quien vuelva a tener su Infomex, sino que se sigue aprovechando primero la inversión millonaria que en su momento se realizó, pero después la inversión humana y material para implementar la Plataforma Nacional de Transparencia”, aseveró.
A su vez, “persiste la duda de quién va a proteger la información de la Plataforma, porque no sólo es el Sistema de Portales, están 10 millones de solicitudes y las solicitudes de información contienen datos personales que no se pueden entregar como si se entregara un pañuelo, porque estaríamos nosotros mismos vulnerando los datos personales de 10 millones de mexicanos”.
“No queremos ser rehenes políticos de nadie y los oídos fueron sordos, porque de verdad todo mundo nos tomó como rehenes políticos a un instituto técnico. Y hoy aquí están las consecuencias”.
Por su parte, Adrián Alcalá Méndez, comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseveró que “cualquier intento de extinguirlo representa en los hechos un grave retroceso en los avances que como sociedad mexicana hemos construido en la materia de transparencia y de protección de datos personales”.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseveró “aprobar la desaparición de este Instituto entrañaría un grave retroceso para México cuando durante más de dos décadas se ha impulsado un modelo de alto componente garantista para hacer posible el ejercicio y tutela de los derechos de acceder a la información y la protección de los datos personales”.
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A su vez, Josefina Román Vergara manifestó que “continuaremos enfocados en garantizar que los derechos de las y los mexicanos sigan siendo protegidos y ojalá que juntos podamos construir un Estado de derecho más sólido que garantice el derecho humano más joven reconocido en la Constitución, que es el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales”.
leo