La escasa respuesta a la convocatoria para ganar en las urnas un puesto de juez, magistrado o ministro de la Corte, provocó que ayer salieran la ministra Yasmín Esquivel y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, a invitar a las mujeres, particularmente, a inscribirse en el proceso.
Bien a bien aún no se conoce el número exacto de aspirantes inscritos, pero, según información de quienes están supervisando el proceso, no pasan de 2000 los aspirantes a juzgadores.
Esto se debe, en buena medida, a que, de acuerdo con algunos candidatos, las plataformas de inscripción no son nada amables a la hora de ingresar documentos.
El proceso puede durar horas, lo que ha desalentado la participación.
Pero lo que realmente ha pesado en el ánimo de los eventuales juzgadores es la reducción significativa del salario y prestaciones, la cual, colocada en la balanza de costo-beneficio, implica un gran costo personal.
Imagine a un juez federal, con un salario de 40,000 pesos, sin escoltas ni auto blindado, que tenga que enjuiciar a un narcotraficante, ¿cree que arriesgaría la vida tratando de cumplir su deber?
Si el incentivo que tienen, de acuerdo con la 4T, es “servir al pueblo desde la impartición de justicia’’, resulta muy pobre por muy comprometidos que estén los nuevos juzgadores.
Lo que sí hace la austeridad en las retribuciones de los futuros juzgadores, es incrementar por mil el riesgo de actos de corrupción.
Imagine un juez en Sinaloa o en Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Chiapas o el estado de México, con un salario que podrían superar desde la práctica profesional privada, sin los riesgos que implica el cargo oficial, ¿cuál sería su reacción ante una amenaza? ¿Cuál sería su reacción a la oferta de plata o plomo?
Muchos policías estatales y municipales han renunciado a sus cargos porque, ante el embate de la delincuencia organizada, con mejor armamento y recursos casi ilimitados, no cuentan con los incentivos necesarios para arriesgar sus vidas, ni económicos ni de prestaciones sociales.
Tal parece que será el mismo caso de los nuevos juzgadores.
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Lo de Jalisco y su amago de salir del pacto federal es una novela muy vista.
El gobernador saliente, Enrique Alfaro, así como los exgobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco’’, así como el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, propusieron lo mismo iniciando el sexenio lopezobradorista.
Bastó una cita individual del expresidente con cada uno de los “alebrestados’’, para que el asunto desapareciera de la agenda nacional.
El tema no es nuevo.
De hecho, desde la presidencia de Vicente Fox, cuando se creó la Conago, el planteamiento principal fue un nuevo pacto federal que redistribuyera mejor la riqueza entre las entidades federativas de acuerdo a su aportación al PIB nacional.
La propuesta de Alfaro es otra llamarada de petate y no es porque no le falte razón, sino porque nadie acompañará su planteamiento.
Morena y aliados gobiernan 24 entidades federativas, entre ellas las más pobres y las más conflictivas.
¿Cree de verdad que le harán segunda al emecista, por muy fregados que estén?
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El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que la austeridad presupuestal para el próximo año es en realidad un “freno’’ al gasto que este año se escurrió en las obras faraónicas del expresidente tabasqueño.
Cómo ya no hay que construir, hay que restringir, lo cual suena lógico para los políticos pero no para la población que verá recortados los presupuestos en renglones importantes como salud, medio ambiente y seguridad.
@adriantrejo