“No hay pretextos”
La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, aseguró que ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que da luz verde a los trabajos para la elección de juzgadores, todos los amparos en contra de la reforma judicial deben declararse improcedentes sin audiencias. Y también aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede realizar la elección extraordinaria del próximo año con menos presupuesto del que está pidiendo. ¿Será?
Conflicto a la vista
Se dice que el próximo año se abrirá otro frente de batalla de la reforma judicial, pues el Presupuesto del Poder Judicial incluye un salario de jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura por encima del tope que es el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbuam, por lo que si el Legislativo decide ajustarlos a como está la Constitución, a principios de 2025 habría una ola de amparos para buscar que los salarios de juzgadores no sean retroactivos y se mantengan, lo que igual ayudaría a que sean liquidados con un mayor monto. ¿Será?
Gasto en salud
Para la llamada cuarta transformación resulta prioritario, ahora sí, consolidar el IMSS-Bienestar, por lo que en el presupuesto para el próximo año le va a destinar más de 185 mil millones de pesos. La encomienda la tenía desde finales del sexenio pasado el chiapaneco Zoé Robledo luego de la fallida implementación del Insabi; el panorama negativo es que para la Secretaría de Salud, que encabeza David Kershenobich, el recorte presupuestal será de hasta 31% respecto a lo que se le destinó en este 2024. ¿Será?
¿Otro hackeo?
En los pasillos de la Consejería Jurídica del Gobierno se dice en voz baja que esta dependencia del Ejecutivo fue hackeada por el grupo RansomHub, que tendría en su poder información confidencial, la cual sería filtrada a la Dark Web el próximo 25 de noviembre, ello en caso de que el Gobierno no pague para evitar su publicación… Quienes conocen del tema dicen que aunque puede ser posible, la administración federal no ha escatimado en la inversión de sistemas de seguridad cibernética. ¿Será?
Obligatoriamente a fuerza
Algo sucede en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, perteneciente a la ASF, en donde se habla de un funcionario que durante seis años ha impuesto cuotas para fiestas, que van de los mil 200 a los mil 500 pesos para el personal operativo, y por aquello de las evidencias, dicen, quienes ya no aguantan esa situación, que se evitan correos institucionales y otro tipo de mecanismo rastreable. Nos aseguran que llegada la hora, para el cobro se apoya en algunos trabajadores administrativos y como es ¡a fuerza!, pues muchos ya se sienten acosados… ¿Habría que preguntarle al director del área, Emilio Barriga, si sabe algo? A lo mejor preguntando a David Ortiz puede obtener pistas. ¿Será?