La selección de juzgadores del bienestar ya se le salió de control al Legislativo, al Ejecutivo y al propio INE, organizador del magno evento.
Los detalles:
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informa que hay una “mesa de diálogo’’ con diputados para lograr una reducción del presupuesto de 13,205 millones de pesos, necesario para la elección de jueces, magistrados y ministros federales.
La propia Taddei, sin embargo, asegura que esa cifra es lo mínimo que se requiere para la organización del proceso electoral en el que serán elegidos 881 personas a diferentes cargos en el nuevo Poder Judicial.
Taddei confirma, además, que el INE solicitó al Senado, formalmente, que la elección sea pospuesta tres meses “o más’’, en virtud de que, según ella, los amparos promovidos en contra de la reforma judicial detuvieron dos meses la organización del proceso.
Sin embargo, dicha elección no podría posponerse, a menos que se modificara la Constitución pues la fecha fijada, el primer día de junio del 2025, la fijaron los propios legisladores en la carta magna.
Claro que podrían cambiar la fecha, con su mayoría, pero los dejaría en ridículo.
Tan es así, que el propio Gerardo Fernández Noroña dijo que hoy probablemente se resolvería el tema, pero que él sugeriría que se cumpliera la fecha constitucional “a marchas forzadas’’.
Segundo, aplazar la elección de juzgadores sumergiría al país en otro grave problema legal pues 8 de los 11 actuales ministros de la Corte, presentaron su renuncia con fecha al 31 de agosto del 2025.
Si se aplazara la elección, no habría cabeza del Poder Judicial por tres meses; ¿qué le pasaría al país en materia de Estado de Derecho con unos de sus Poderes, el encargado de dar certeza jurídica, descabezado?
Las renuncias ya fueron aceptadas así que no hay forma de que les prorroguen a los ministros unos meses más.
El otro tema tiene que ver, efectivamente, con los recursos.
La única forma de reducir los costos es reducir ostensiblemente el número de casillas para votar y no imprimir el 100% de las boletas para el total del padrón electoral.
No hay otra forma de bajar los costos pues las proyecciones se hicieron tomando en cuenta las casillas instaladas para la votación presidencial y el padrón electoral cercano a los 99 millones de mexicanos.
Preparémonos pues para una selección por tómbola o un proceso viciado desde su origen.
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El otro problema es la pobre respuesta que ha tenido la convocatoria para la elección de juzgadores, a tal grado que ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las voces que tratan de motivar la participación ciudadana.
De acuerdo con un documento presentado por la Presidenta, cada uno de los Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), tiene que proponer un listado mínimo de 5,410 aspirantes para los 881 cargos en disputa (9 ministros de la nueva Corte, 2 magistrados del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, 5 ministros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito).
A tres días de que concluya el plazo de la convocatoria para recibir candidaturas, la meta está lejos, lejísimos de ser cumplida.
¿Será que ello también lleve a posponer la famosa elección?
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Por cierto, Fernández Noroña hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial a inscribirse en el proceso.
“Ellos llevan mano’’, dijo.
Pero…, esperen, ¿acaso el senador está sugiriendo que compitan los mismos a quienes él, especialmente, y su partido acusaron de corrupción y de estar al servicio de la oligarquía?
¿Para qué la reforma entonces?
@adriantrejo