Los partidos políticos se resisten a implementar acciones afirmativas para sectores prioritarios, por lo que un porcentaje de los recursos asignados por las alcaldías podría reservarse para proyectos del sector vulnerable, consideró el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo anterior, de cara a la próxima Consulta de Presupuesto Participativo.
En la “Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales”, la consejera electoral Sonia Pérez abordó algunos de los retos para garantizar los derechos político-electorales de las personas discriminadas históricamente.
La presidenta de la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria, explicó que al interior de los partidos políticos aún hay resistencia para aplicar acciones afirmativas, pues argumentan que no hay personas de algún grupo en vulnerabilidad que puedan postular o proponen conocer la agenda de cada grupo para incorporar sus demandas a sus plataformas electorales, pero sin abrirles espacio en las candidaturas.
Pérez destacó que en el pasado Proceso Electoral 2023-2024, logró que los partidos políticos incluyeran personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, y afromexicanas, además de paridad, en las postulaciones.
“Avanzamos juntos Instituto, partidos y ciudadanía en este respeto de los derechos, veámoslo desde esa perspectiva, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar si son suficientes y cómo podemos seguir avanzando para el siguiente proceso electoral”, señaló.
Entre algunos desafíos, la consejera del Instituto Electoral capitalino refirió actos de campaña inclusivos durante los procesos electorales para que las candidaturas puedan acercarse a las personas que buscan representar.
Otro reto está relacionado con la Consulta de Presupuesto Participativo, pues habría que valorar si un porcentaje de los recursos asignados por las alcaldías para proyectos de la ciudadanía tendría que ser reservado para estos grupos, abundó Pérez.
Referente al porcentaje de financiamiento público que los partidos políticos destinan para actividades de capacitación y educación política, indicó que es necesario incluir a estos grupos prioritarios en tales obligaciones de gasto.