Un Estado efectivo tiene menores índices de delitos cometidos. No necesariamente
porque sus ciudadanos sean más ejemplares que otros sino porque su sistema
permite detectar los delitos y castigarlos conforme a la ley.
Si bien hay quien actúa con una genuina sensación de principios, la mayoría de las
personas en una sociedad no comete un delito o una sanción más por cierto temor de
castigo o consecuencia social.
Por eso, tener un estado de derecho contribuye a una estabilidad y paz que cualquier
país necesita. Su estabilidad y su confianza de inversión y económica pasa por un
estado efectivo de derecho. Pero para construirlo hace falta presupuesto, intención y
otro poco de voluntad política.
En México, el discurso de la administración actual podría hacernos pensar que hay una
intención política de perseguir actos de corrupción. Una de las principales banderas
del movimiento del gobierno actual y del anterior es el combate de ese delito.
La revelación de sistemas completos de estado que alimentaban las arcas de un
partido fue uno de los motivos por el que el PRI y el PAN perdieron el soporte de los
votantes.
La documentación de casos como las empresas fantasmas de Veracruz, la Casa
Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra minaron la imagen de quienes gobernaban y la
población en general vio con buenos ojos una promesa de cambiar ese estilo de
gobierno.
La realidad es que difícilmente nos hemos deshecho de la posibilidad de que se
cometan esos delitos. La estructura para combatir los delitos de corrupción si bien ha
crecido, sigue siendo débil y necesita un seguimiento de cerca para que continúe
creciendo.
La organización Tojil, en su reporte Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023-
2024 informa que el año pasado las fiscalías anticorrupción en el país iniciaron 15
mil 356 investigaciones. De ellas, solo 6 por ciento fueron presentadas ante un juez,
se iniciaron procesos penales en el tres por ciento de los casos y se dictaron
sentencias en menos del uno por ciento.
Es tremendamente redituable cometer un delito de corrupción. El costo es casi nulo y
las consecuencias tampoco crecen demasiado.
No estoy haciendo un comercial para que se cometan los delitos, simplemente es
destacar que hasta ahora la voluntad en los hechos no ha coincidido con el discurso.
Incluso, la organización destaca un dato que habla de la voluntad política de la
Fiscalía General: aunque desde marzo de 2019 entró en funcionamiento la Fiscalía
Especializada en materia de Combate a la Corrupción, sigue funcionando una unidad
especializada de Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos.
La unidad atrae de manera discrecional ciertos expedientes y según las cifras
oficiales, tiene menor efectividad que la Fiscalía Anticorrupción aunque tiene más
dinero y menos carga de trabajo.
De fondo el problema de estas fiscalías es que son una promesa poco popular entre la
clase política. Difícilmente se busca generar una instancia que estará revisando casi
todos los actos de gobierno con la disposición de castigar a quien comete un delito.
El problema de fondo es que la presión para reforzar las fiscalías, para insistir que
funcionen correctamente difícilmente vendrá desde el gobierno quien necesita
reducir costos y su búsqueda está más en este momento en adelgazar una burocracia
que hacerla efectiva.
Y aquí la duda genuina: ¿vamos a dejar en manos de la oposición —criticada y
derrotada por actos de corrupción— el impulso de las fiscalías que castiguen ese
delito? Nuestras esperanzas tendrían que estar en otra parte.