Pudo haber sido un malentendido, aunque las palabras del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocaron en el centro un tema revelador de los riesgos de la debilidad institucional: la colusión entre autoridades y criminales.
No se requiere un gran análisis semántico para dar credibilidad a la explicación posterior del mandatario. “Ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, fue su primer dicho. “Son enfrentamientos, son confrontaciones”, aclaró posteriormente.
El contexto sinaloense demanda precisión —o como se podría decir coloquialmente, ese horno no está para bollos— frente al deterioro de seguridad evidenciado en los últimos meses. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos pasaron de 39 a 141 entre agosto y octubre.
Entre las razones, además de la pugna entre grupos rivales del crimen organizado, está la delimitación de las fronteras de lo inadmisible en cuanto a la presencia delictiva. El crimen busca extenderse, mientras la autoridad limita sus márgenes.
El operativo Enjambre en el Estado de México es demostración de la línea fronteriza, como lo es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aprobada ayer en Comisiones del Senado, entre ellos la extorsión.
Ante la delincuencia no hay posibilidad de negociación, no hay espacio para la colusión ni para encuentros en lo oscurito o acuerdos por debajo de la mesa, a riesgo de enfrentar casos como el de Genaro García Luna, exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por sus nexos con cárteles del narcotráfico.
Desenredar el enjambre y recomponer el deterioro en seguridad demanda inteligencia política y policial. La hubo en la operación desarrollada por varios meses en el Estado de México entre autoridades federales y locales —Defensa, Guardia Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Policía estatal—, que llevó a la captura de la alcaldesa y el jefe de la Policía de Amanalco, el esposo de la presidenta municipal de Tonatico, mandos policiales de Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco y la muerte por suicidio de un oficial de Texcaltitlán.
El mensaje es claro: “No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había anunciado las detenciones.
Investigación e inteligencia, dos de los ejes contra la delincuencia iniciados en la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada, son centrales en una estrategia que no admite enjambres de corrupción. De ahí la importancia del C5 en la capital nacional, inversamente revelada en Sinaloa, donde se destruyen más de 80 videocámaras: una comunidad más securitizada que otra.
@guerrerochipres