El Senado de la República ratificó con 95 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones a Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública, dependencia que cambiará de nombre por Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y tendrá mayores facultades, entre ellas las del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por cuestiones de agenda, será en la siguiente sesión cuando se le tome protesta del cargo a la secretaria Buenrostro.
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Senadores del oficialismo y de oposición, dieron su voto de confianza a quien fuera titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y confiaron en que hará un eficiente combate a la corrupción.
No obstante, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, acusó al senador Alejandro Esquer de ser “oreja” del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de haber “instruido” a los senadores de Morena de votar a favor de la ratificación de la extitular del SAT. Dijo que la ratificación de Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública es para que continúe siendo “la tapadera de la corrupción, principalmente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador”.
Ayer, durante su comparecencia, Raquel Buenrostro Sánchez dijo que no considera un retroceso la reforma que desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y refirió que, en Estados Unidos no tienen órganos autónomos, y en el caso de Canadá la transparencia depende del Ejecutivo, “y si revisamos cómo es en todo el mundo, la regla no es que sean autónomos, sino la excepción y son los menos”.
Señaló que una de las cosas que le dejó la experiencia de recaudar en el SAT es que los contribuyentes preferían irse a un litigio de 15 años que pagar.
“Entonces lo que hicimos fue hacer valer la ley, porque no cambiamos la ley. Hay delitos que por su gravedad también se tipifican como penales. Entonces, todos aquellos delitos que puedan tipificarse como penales, corremos paralelamente la ruta administrativa, pero como la falta es grave y es penal, corremos en la parte penal”.
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Entrevistada luego de comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción y Transparencia donde se aprobó su ratificación en el cargo, señaló que el gobierno está acostumbrado a usar la materia administrativa para sancionar hechos de corrupción y, “la gente ha abusado mucho de que no tienen una sanción realmente fuerte cuando cometen actos de corrupción”.
Por ello, advirtió que utilizarán “todas las disposiciones jurídicas y legales, siempre en estricto apego a derecho de todo lo que ya existe … Tenemos que usar todos los elementos, la materia penal ya existe, la materia mercantil ya existe, la materia civil ya existe, nada más que no lo utilizamos”.
CSAS