Truong My Lan, la magnate inmobiliaria vietnamita de 68 años, se encuentra en una desesperada carrera contra el tiempo para evitar su ejecución. Condenada a muerte en abril por liderar el mayor fraude financiero en la historia de Vietnam, Lan vio rechazada esta semana su apelación por el Tribunal Popular Superior en Ciudad Ho Chi Minh. Sin embargo, aún tiene una opción: devolver el 75 por ciento de los 12 mil millones de dólares que malversó, lo que podría conmutar su pena a cadena perpetua.
El caso, parte de la campaña anticorrupción “Horno Ardiente” liderada por el Partido Comunista, reveló una compleja red de empresas fantasma que permitió a Lan desviar 27 mil millones de dólares del Saigon Commercial Bank (SCB). El fraude no solo sacudió el sistema financiero vietnamita, sino que llevó al Banco Central a inyectar 24 mil millones para estabilizar la entidad y evitar una crisis bancaria generalizada.
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Durante el juicio, los fiscales calificaron los crímenes de Lan como “enormes y sin precedentes”, argumentando que sus acciones dañaron profundamente la economía y el mercado financiero del país. Aunque sus abogados señalaron que el valor de sus activos supera los nueve mil millones requeridos para evitar su ejecución, los bienes congelados y la complejidad del mercado inmobiliario dificultan las ventas rápidas necesarias para reunir el dinero.
Truong My Lan comenzó su trayectoria como vendedora en un mercado local antes de construir un imperio inmobiliario. Fue presidenta del Grupo Van Thinh Phat, con una vasta cartera de propiedades, hasta su arresto en 2022. Ahora, la empresaria busca desesperadamente vender activos y obtener préstamos, mientras sus abogados argumentan que una sentencia de cadena perpetua facilita las negociaciones.
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Vietnam, conocido por mantener en secreto sus cifras de ejecuciones, tiene uno de los corredores de la muerte más grandes del mundo. Aunque Lan aún puede solicitar clemencia al presidente, el tiempo apremia. Sin una solución rápida, su destino parecía sellado, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en el país asiático.
CSAS