Democratizar el sistema de justicia para hacerlo más accesible y equitativo, especialmente en lo civil y familiar, donde las desigualdades estructurales afectan a mujeres, niñas, niños y otros sectores vulnerables, es más que una oración políticamente correcta.

Impactado por su burocrático y medieval origen ibérico y prácticas locales entre las cuales están la corrupción, valores pseudoculturales entendidos, “abusos y costumbres”, entre otros factores, el sistema a veces obstaculiza el combate a la impunidad.

La capital nacional dio un paso adelante al convertirse en la primera entidad en implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), en el cual la igualdad procesal y perspectiva de género son elementos clave para la justicia material, no sólo formal.

Los asuntos civiles y familiares concentran una parte significativa de los procesos judiciales, desde divorcios hasta disputas por custodia y pensiones alimenticias, áreas donde las mujeres suelen estar en desventaja debido a barreras económicas, desinformación jurídica, estereotipos de género o franca prepotencia machista patriarcal.

Según el Inegi, 80 por ciento de las demandas por pensión alimenticia son iniciadas por mujeres, aunque sólo 30 por ciento les favorecen. A menudo, ellas enfrentan procesos largos y costosos, mientras los agresores aprovechan vacíos legales para evadir responsabilidades. En casos de custodia, se privilegia la “convivencia con ambos padres”, incluso en contextos de violencia, y se ignora el principio del interés superior de las infancias. Hay debate sobre la preferencia por la madre en situaciones complejas e impolíticamente pertinentes de reconocer.

Los tribunales están sobrecargados. En 2023 más de 500 mil asuntos civiles y familiares fueron ingresados a nivel nacional, y cerca de 40 por ciento permanece sin resolución, según el Poder Judicial de la Federación.

La aplicación del CNPCF, formalizada este lunes en la CDMX por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Martha Ávila, revela disposición para promover principios de igualdad procesal y perspectiva de género.

Eficientar y garantizar el acceso a la justicia, de acuerdo con Brugada, en una labor “titánica” de magistrados, jueces y personal administrativo para adaptarse a un nuevo paradigma, según lo declarado por Guerra.

Las y los jueces deben considerar las condiciones específicas de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar fallos perpetuadores de desigualdades estructurales, así como la oralidad en los juicios, con la expectativa de reducir tiempos hasta en 50 por ciento. Plataformas digitales, ahorro en papel, menos suplicio procesal.

Contribuyamos a corregir las asimetrías en la aplicación de la justicia, en una ciudad a la vanguardia.

 

     @guerrerochipres