El colectivo Repartidores Unidos de México aseguró que la iniciativa que anoche remitió la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados para regular el trabajo por aplicación los desconcertó y preocupó.
En un comunicado explicaron que el proyecto para reformar la Ley Federal del Trabajo se presentó sin retomar ni mucho menos concluir las negociaciones que tenían con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum crea nuevo equipo para investigar Caso Ayotzinapa
Tampoco, indicaron, se consolidó un marco de negociaciones con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados “y con modificaciones menores, que siguen dejando en el limbo la flexibilidad y los derechos de las personas que trabajan en aplicaciones”.
“A pesar de los ofrecimientos de negociación y las mesas de trabajo, éstas siempre han estado acompañadas de secretismos, tratos condescendientes (en parte por nuestra condición de personas repartidoras y conductoras, como si esto significara que no tenemos conocimiento del tema, siendo nosotros quienes circulamos diario por las calles) y de promesas incumplidas o engaños, para hacer ver que esta reforma se ha “dialogado” y “acordado” con todas las partes”, expresaron en el comunicado.
El colectivo reiteró su apertura al diálogo, pero también su posición de tener una reforma que proporcione derechos, sin retirar la flexibilidad que caracteriza su modelo de trabajo y que ha abierto las puertas a estudiantes, madres, padres, así como personas que buscan un ingreso extra.
“Seguimos sin una respuesta sobre el financiamiento adicional al IMSS para aceptar una carga tan grande, ni garantías de que se agregaran derechos, no más cargas impositivas para ocultar la necesidad de una reforma fiscal integral, además de la aclaración acerca del régimen fiscal en el que se tributaría con esta reforma”, indicaron.
TE PODRÍA INTERESAR: SCJN desecha controversia contra decreto de AMLO sobre obras de seguridad nacional
Exigieron también el seguimiento prometido en su última reunión por Alejandro Salafranca de la STyPS, así como el grupo de trabajo prometido después de su última movilización el 30 de octubre pasado, por los diputados de Morena, Arturo Ávila y Maiella Gómez.
“También exigimos al diputado Ricardo Monreal la apertura de la tan llamada “Casa del Pueblo” a la negociación verdadera de las condiciones que afectarán a miles de personas trabajadoras, por políticos que nunca se han subido a una bicicleta, una motocicleta o un coche a ganarse la vida”, concluyeron.
CSAS