La próxima administración de Donald Trump comenzó a diseñar un polémico plan de deportaciones masivas que presiona a México y otros países para aceptar migrantes que no pueden ser devueltos a sus lugares de origen.
El programa busca gestionar la situación de migrantes de países como Venezuela, Cuba y China, cuyos gobiernos frecuentemente rechazan recibir a quienes Estados Unidos deporta. La solución del republicano implica remitir a estas personas a países con los que no tienen vínculos culturales ni lingüísticos, lo que podría agravar su situación humanitaria.
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Fuentes citadas por NBC News aseguran que la estrategia contempla el traslado de miles de migrantes a terceros países, incluidos destinos como Granada, Panamá y territorios caribeños como las Islas Turcas y Caicos. Según el medio estadounidense, ya se iniciaron conversaciones con algunas naciones, aunque Bahamas negó estar participando en dichas negociaciones.
México enfrenta un doble desafío ante las políticas migratorias entrantes. Además de aceptar a migrantes devueltos desde la frontera, la nueva administración estadounidense busca forzar a México a recibir vuelos con deportados que ya residen en territorio estadounidense. Para lograrlo, el empresario neoyorquino recurre a la amenaza de aranceles, un método que utilizó durante su primer mandato.
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Los planes de deportación masiva propuestos por el presidente electo podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran envergadura. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), califican estas políticas como ilegales y denuncian que exponen a las personas a riesgos graves. Durante el primer mandato del magnate (2016-2020), la ACLU, con sede en Nueva York, interpuso 434 acciones legales contra su administración y anunció que está preparada para hacerlo nuevamente en caso de ser necesario.
La incertidumbre no sólo afecta a quienes serían enviados a terceros países, sino también a aquellos que enfrentan la deportación dentro de la Unión Americana. Ciudades santuario, como Los Ángeles, intensificaron su resistencia, al reafirmar políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.