La oposición de Corea del Sur acusó el lunes al partido gobernante de orquestar un “segundo golpe” de Estado al aferrarse al poder y negarse a un juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial.
“No importa cómo traten de justificarlo, la esencia permanece intacta: esto es el acto ilegal e inconstitucional de una segunda insurrección y un segundo golpe de Estado”, dijo el líder del partido democrático Park Chan-dae, al pedir al partido de gobierno “detener esto de inmediato”.
Yoon hundió al país en el caos político con su intento de socavar el mando civil mediante una ley marcial que estuvo vigente seis horas, hasta que los legisladores lograron traspasar el bloqueo militar para ingresar al parlamento y votar para derogar la medida.
Su votación obligó a a Yoon a dar marcha atrás con la ley marcial.
Bajo la constitución surcoreana, el presidente es jefe de gobierno y comandante en jefe del ejército, a menos que sea incapacitado o renuncie, en cuyo caso el poder se entregaría de manera interina al primer ministro hasta que se celebren nuevas elecciones.
Según Park, pretender que Yoon puede permanecer en el cargo pero delegar sus poderes al primer ministro, quien no fue electo, es una “flagrante violación constitucional sin ningún sustento legal”.
Investigadores detuvieron al exministro de Defensa, allanaron su despacho, impusieron prohibiciones de viaje a varios altos cargos y el lunes convocaron al general que asumió el comando de la ley marcial para ser interrogado.
Yoon también podría ser llamado a declarar, dijo el lunes la policía, y adelantó que está considerando prohibirle viajar al exterior.
“No hay restricciones humanas o físicas a quién se puede investigar”, aseguró Woo Jong-soo, jefe del Cuartel Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía.
Afirmó que la policía investigará “de acuerdo con la ley y los principios, sin excepciones” en Corea del Sur.