Casi la mitad de las personas que han sido víctimas de un acto de corrupción consideran que sí. Para el 48% de las personas hacer una denuncia después de un acto de corrupción es completamente inútil o solo pasarían tiempo frente a otras autoridades sin tener un resultado que pueda considerarse un acto de justicia.

Quizá de inicio pudiera darles la razón, pero me resisto a pensar en que no hay una alternativa trabajada desde cualquier espacio, dentro o fuera del gobierno, para evitar que la impunidad haga crecer el tema.

Hoy es el día internacional contra la corrupción. A propósito de la fecha, el Inegi compartió algunas cifras. Además de la percepción de la alta impunidad, lo que se refleja en las cifras es que a pesar de los cambios en el gobierno y de la llamada transformación, los efectos para evitar la corrupción han sido pocos.

En México, al menos 14 por ciento de la población ha sido víctima de la corrupción. Hace 10 años la cifra era solo dos puntos porcentuales más baja.

Esto a pesar de que una de las banderas principales de los gobiernos identificados con Morena es el abatimiento de la corrupción y quizá el problema de fondo es que las prácticas se repiten como calca entre una y otra administración sin mucha diferencia de colores de partido.

Aquí un ejemplo: en el IMSS, durante 2024 a lo largo de varios meses se denunció que había prácticas presuntamente favorecedoras a la empresa Roana Farma que distribuye medicamentos, sobre todo en el estado de Querétaro.

La queja es que dicha empresa ha entregado medicamentos a sobreprecio a pesar de que otras competidoras pueden ofrecer el mismo servicio a menor costo.

Las quejas y señalamientos en los medios locales y nacionales se hicieron en febrero de 2024. Para marzo de ese mismo año se había creado en Querétaro, según el registro de comercio, una empresa de nombre Glesant SA de CV, donde una de las accionistas está directamente relacionada con la representante legal de Roana Farma.

Cuatro meses después de haber abierto como empresa, ya estaba recibiendo contratos con el IMSS por adjudicación directa. En total recibió 38 contratos que van desde los 15 mil hasta los 23 millones de pesos por adquisición de medicinas y material de curación, según los contratos disponibles de manera pública.

Aquí lo deseable en una construcción de un estado sólido es que a la luz de las denuncias pasadas y las actuales, las autoridades inicien una investigación para conocer si hay favoritos en las licitaciones. O bien, que la oposición alcance a ejercer una presión suficiente para que se audite y se transparente todo lo necesario.

Sin embargo, no tenemos hasta ahora iluminada ninguna de las dos vías, por lo que resta a nosotros como ciudadanos la exigencia de una gestión de ambos lados más rigurosa con la rendición de cuentas.

Por eso creo que denunciar la corrupción no es una pérdida de tiempo. Porque si no hay un costo por la inacción, ¿cómo vamos a lograr que cambien las cosas?.

 

     @Micmoya