Perdida la batalla contra la reforma al Poder Judicial y siendo inminente su salida del cargo en 2025, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aseguró que en la Cuarta Transformación se volvió una práctica generalizada el violar la Constitución y el ataque generalizado a jueces y magistrados por hacer su trabajo.
Al rendir su segundo informe de labores, que será el último, debido a que dejará su cargo el próximo 31 de agosto, la ministra presidenta advirtió que los cambios, como la elección por voto popular de juzgadores, se aprobaron e implementaron sin un diagnóstico, por lo que sus consecuencias positivas o negativas se conocerán a futuro.
Aseveró que desde que se impulsó la reforma judicial “se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución… También, se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.
La también presidenta de la Judicatura enlistó los tres sucesos que, a su juicio, generaron una narrativa falsa y una campaña en contra de la mayoría de ministros: la anulación del pase de la Guardia Nacional al Ejército, la invalidación del decreto que calificó como seguridad nacional a las megaobras de la llamada Cuarta Transformación y la cancelación del Plan B de reforma electoral, decisiones que se tomaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros que votaron en contra “de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco”.
Sin embargo, “cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales”, como en el caso en el que se dejó vigente la reforma a la industria eléctrica.
Norma Piña dijo que espera que “la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”.
Desaire de Poderes
Norma Piña rindió su último informe de labores sin la presencia de los líderes del Legislativo y Ejecutivo.
El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, fue el único integrante del Gobierno, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, el Senado de la República no invitó a la ministra presidenta a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, mientras que la presidenta de México no asistirá “porque no hay condiciones”, según dijo Fernández Noroña. / KARINA AGUILAR