Desde un grupo de pasajeros atemorizados a más de 10 mil pies de altura por el intento de secuestro de un avión recién despegado de León, Guanajuato, hasta la necesidad de comerciantes de cerrar sus locales antes de la caída del sol para evitar al crimen en Culiacán, Sinaloa, la seguridad es uno de los principales pendientes ciudadanos y motivo de atención gubernamental.
En 71 días de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado una serie de acciones, operativas —encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— y de reformas legislativas, reveladoras de las prioridades y frente a las cuales es indispensable la voluntad política.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada ayer en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco, a la cual asistieron 29 gobernadoras y gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tiene como punto de arranque la disposición hacia un pacto de coordinación y colaboración contra la delincuencia.
Y la reunión agregó de manera pública, nacional, notoria, un criterio que hemos compartido en CDMX desde hace seis años y profundiza Brugada: las y los gobernantes deben supervisar diariamente la política de seguridad. La mandataria Sheinbaum lo dijo con una muy elogiable claridad: “Se nota donde hay trabajo del gobernante” y se advierte donde no.
Aunque en términos generales en el país hay una disminución de 32 por ciento en los delitos de alto impacto este año —con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta octubre—, a nivel local se reflejan pendientes significativos. Guanajuato, Baja California y Estado de México encabezan los homicidios dolosos; los mismos Edomex y Guanajuato, más Veracruz, lideran en extorsiones.
No se puede obviar la situación por la cual atraviesa Sinaloa, como tampoco la intervención de las autoridades federales para atenderla. Imposible ignorar la distancia entre la profunda sencillez sistemática de Sheinbaum y las limitaciones exhibidas por el gobernador Rubén Rocha, quien en cada intervención muestra la enorme oportunidad de un Gobierno que no lo parece.
Enfrentar el principal problema ciudadano demanda voluntad para la coordinación con fuerzas federales y colaboración en la construcción de un modelo que vaya más allá de lo policial y atienda las causas del delito. Es lo que el criminólogo y profesor de la Universidad de Georgetown, John Bailey, define como “soluciones de corto plazo que suelen eclipsar las reformas estructurales necesarias para construir seguridad a largo plazo”.
El combate a la delincuencia desde una perspectiva de coordinación entre gobiernos federal y estatales es un desafío que al calor de Acapulco readquirió precisión y detonó nueva oportunidad de compromisos verificables. Participaremos y veremos.
@guerrerochipres