La presidenta Claudia Sheinbaum presumió que para el próximo año el gobierno destinará 800,000 millones de pesos al pago de programas sociales, dinero que les sirve para el día a día a millones de familias, pero que no generan riqueza al país.
Para cumplir con esa meta, el gobierno recortó el gasto a rubros como la seguridad, la educación y, principalmente, la salud, por más que los propagandistas de Morena digan que no fue recorte y que esos recursos “fueron reasignados al IMSS- Bienestar’’.
El gobierno además, se endeudará con un billón 170 mil millones de pesos, para completar el presupuesto de 9.3 billones de pesos programados para el 2025.
Para el año que está por terminar, el gobierno se endeudó por poco más de dos billones de pesos, también para los programas sociales y por ser tiempos electorales.
El gasto en inversión (997 mil millones de pesos) sufrirá también una reducción del 14%, así como el presupuesto federalizado, es decir, los recursos que reciben los estados de la Federación.
En los tiempos del neoliberalismo, se decía que las restricciones presupuestales eran “astringencia’’ económica, es decir, medidas que servían para sanear las finanzas públicas.
Pero en el tiempo de la 4T, solo se habla de “austeridad republicana’’, interpretada como la reducción presupuestal a todos aquellos rubros que la administración no considera prioritarios.
¿De qué le sirve a una familia, por ejemplo, de cinco miembros, que podrían recibir hasta 20 mil pesos bimestrales en programas sociales, si más del 50% de ese dinero lo tiene que utilizar en pagar servicios médicos privados o en la compra de medicamentos que sistemáticamente no tienen el IMSS o el ISSSTE?
¿No sería mejor crear las condiciones jurídicas, sociales, estructurales pues, para la creación de empleos que generaran mejores ingresos a las familias beneficiarias de los programas sociales, que fortalecieran a la seguridad social, que contribuyeran con el fisco?
Los programas sociales siempre serán clientelares, sean del partido que sean; sin embargo, hasta para eso hay que hacer cálculos y proyecciones.
Al ritmo que va el envejecimiento de la sociedad mexicana, el próximo año se sumarán otros 300 o 400 mil mexicanos a cualquiera de los programas sociales y el gobierno tendrá que endeudarse más para poder cumplir con su obligación constitucional de pagarlos.
En consecuencia habrá menos recursos para inversión en infraestructura (carreteras, hospitales, escuelas, universidades de verdad, etcétera), lo que nos alejará otras décadas del sueño de convertirnos en Dinamarca.
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Ayer fue asesinado en Acapulco el magistrado del Poder Judicial estatal Edmundo Román Pinzón.
El jurista había sido presidente del Poder Judicial estatal y su homicidio ocurrió cuando se retiraba de los juzgados ubicados en el puerto.
Paradójicamente, un día antes se había realizado en Acapulco la reunión entre el gabinete de seguridad y todos los gobernadores del país, a la que acudió la presidenta Sheinbaum.
Se desconocen las causas del asesinato, que en otros tiempos, habría provocado la reacción de los líderes de los tres Poderes.
Pero como era un magistrado, hubo silencio.
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Parece que ahora sí va en serio la detención y sanciones de los transistas (taxistas pues) en las zonas turísticas de Quintana Roo, que se convirtieron en una mafia con las omisiones y/o participaciones de los gobiernos estatales y municipales.
Ayer fueron detenidos otros tres delincuentes con concesiones de taxis, en Puerto Morelos, que habían agredido a un usuario de transporte por aplicación.
No basta cancelarles la concesión ni quitarles la licencia; que paguen por sus delitos.
@adriantrejo