El Pleno del Senado de la República aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT el dictamen a la iniciativa remitida por la Presidencia de la República por el que se reforman la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) destacó que estas modificaciones colocan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, con participación a la par y en coordinación, con actores públicos, privados y sociales.
La construcción, indicó, será el pilar fundamental en el desarrollo de los municipios y estados en todo el país.
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Además, se regula la figura del arrendamiento social, la cual no existía y con la que se fija que esas nuevas viviendas se puedan adquirir por el derechohabiente si así lo decide, sostuvo el senador.
Explicó que se reformula la composición tripartita de la Asamblea General y el Consejo de Administración del instituto para reducir el número de integrantes, pero manteniendo la conformación paritaria.
“Con este dictamen se pone en marcha el plan de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un programa histórico y con beneficio social, que no se había visto en los últimos 40 años”, sostuvo Melgar Bravo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez (Morena) subrayó que la vivienda es un derecho humano y este dictamen reafirma y establece el andamiaje jurídico para garantizar justamente ese derecho fundamental para los mexicanos.
Detalló que con estas reformas se abre la posibilidad de acceder al arrendamiento social, así como la creación de una empresa filial que facilitará la construcción de viviendas.
Sin embargo, esta empresa filial que mencionó Inzunza Cázares, según el quinto transitorio del dictamen el titular del Infonavit deberá realizar los actos necesarios para la constitución de ésta a más tardar el último día hábil de 2024.
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Al ser el Senado la Cámara de origen de la iniciativa, será remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y votación, como marca el proceso legislativo, pero el jueves pasado en la madrugada se clausuró el periodo legislativo.
El senador José Clemente Castañeda (MC), presentó una moción suspensiva porque consideró como un despropósito manchar la reforma constitucional para la construcción de vivienda con una la legislación secundaria “sacada de la manga, en fast track, sin escuchar a las y los trabajadores, y peor, con aspectos profundamente negativos que perjudican el patrimonio de las y los trabajadores de este país”.
“Tenemos cuatro preocupaciones, cuando menos, que nos impiden acompañar esta reforma. Primero. Porque le otorga al Infonavit la facultad de disponer de los recursos que están bajo su administración.
“Hay que entenderlo, el Infonavit es distinto a cualquier otro organismo, el dinero que administra es propiedad de los trabajadores, de los derechohabientes, no es un recurso público que proviene de la Federación. Y estamos hablando de 2.4 billones que deberían de manejarse con máxima transparencia, con rendición de cuentas y alejarse por completo de la opacidad”, expresó el emecista.
Enfatizó que la reforma a discusión lo que hace es disponer de recursos que les pertenecen a los trabajadores, y no al gobierno y por tanto, el gobierno no tiene la capacidad, el derecho de decidir de manera unilateral dónde invertir y cómo invertir ese dinero sin tomar en cuenta a todos los involucrados.
También, reclamó que se otorga mayor control al gobierno federal sobre las decisiones del Infonavit y le da al al director general del Infonavit facultades extraordinarias y excesivas, como el derecho de veto sobre las resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad en el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia.
Esto, insistió, da una ventaja al gobierno federal sobre el destino de los recursos, incluso, se plantea que, en este nombramiento, que hasta hoy es designado por la Asamblea General, ahora lo haga directamente la titular o el titular del Poder Ejecutivo.
LDAV