Con al menos 600 juicios de amparo a cuestas y sin el presupuesto suficiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la elección más grande de su historia.
A la par de las estrategias para reducir costos, el organismo electoral enfrenta una batalla jurídica en los juzgados de Distrito, ante los cientos de resoluciones de juzgadores.
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José Perdomo Galicia, experto en procesos constitucionales, señala que los consejeros tienen un doble juego al desacatar órdenes de jueces de amparo, mientras sigue con los procesos de queja y defensa ante tribunales colegiados y juzgados de Distrito.
Por acuerdo de las consejerías, el organismo electoral decidió desacatar las suspensiones que le ordenaban frenar la organización de la elección y seguir adelante, pero con la interposición de recursos de queja ante tribunales colegiados y una cascada de solicitudes de sobreseimiento de los juicios de amparo.
El INE basa el blindaje de la elección de jueces, magistrados y ministros en una resolución del 18 de noviembre pasado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le dio luz verde para seguir con la organización y determinó que la elección judicial no podía ser detenida ni suspendida.
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Consecuencias de las elecciones
El desacato a las resoluciones de los juzgadores ha llevado a la imposición de al menos dos multas de 54 mil pesos a los consejeros electorales, quienes también han recibido la advertencia de que los denunciarán penalmente y abrirán un proceso por desacato, con base en el artículo 262 de la Ley de Amparo, cuya consecuencia puede ser la destitución y hasta nueve años de cárcel.
La estrategia jurídica del INE, a través de sus juntas distritales, es pedir el sobreseimiento masivo de los juicios de amparo, es decir, su desechamiento en bloque por estar vigente el principio de supremacía constitucional.
Respecto a utilizar la resolución del TEPJF como manto protector, en entrevista con 24 HORAS, el también académico de la Facultad de Derecho de La Salle, señaló que más bien se trata de un blindaje para las consejerías, pues en caso de que se les abra un proceso penal por desacato tendrían el argumento de que una autoridad superior y jurisdiccional les ordenó seguir con la elección.
Señaló que al combatir legalmente las suspensiones, el INE mismo está aceptando la legitimidad de los juicios de amparo y tendría que suspender el proceso de la elección judicial.
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INE en una encrucijada
Perdomo vaticinó que seguirá el desacato y se llegará a la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio, pero las autoridades judiciales electas llegarán con esa mancha, no ante el pueblo o la ciudadanía, sino ante la Constitución, de que fue un proceso ilegal.
El INE también se enfrenta otra encrucijada, pues solicitó 40 mil 476 millones de pesos y solo le aprobaron poco más de 27 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones son de partidos y 15 mil millones para la operación del Instituto, es decir, solo le quedan 4 mil millones de 13 mil que pidió para la organización judicial.