Fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales no es una tarea fácil y tampoco es una tarea barata. Pero es un objetivo indispensable para que las elecciones tengan legitimidad. En el proceso electoral que viene es particularmente importante porque está en juego quiénes van a integrar al poder judicial.
En México, en la mayoría de los procesos electorales participa más del 50 por ciento del padrón electoral que está registrado, pero contrario a lo que parece es un porcentaje bajo comparado con países como Suecia, Corea del Sur, Alemania o Francia, donde el voto no es obligatorio y se mantiene por encima del 70 por ciento del padrón registrado.
Aunque en el caso de México, la participación de la ciudadanía no se queda solamente en las urnas, sino también en la que se necesita en las casillas para contar los votos y la larga tarea de llenar actas y acompañar el proceso.
En la última elección, los funcionarios del INE tuvieron que buscar a 13 millones de personas para poder encontrar al millón y medio de ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla. Esa búsqueda requirió recursos y la capacitación que vino después, también. Por eso es preocupante la reducción de recursos para llevar a cabo el proceso del poder judicial.
El Observatorio Electoral Judicial, un esfuerzo de organizaciones para el fortalecimiento de instituciones democráticas, ha hecho una serie de estudios y análisis y pone énfasis en las decisiones que podrían afectar el proceso y en particular destacan el déficit presupuestario.
Luis Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la democracia, una de las organizaciones que conforman el observatorio, destacó en entrevista que hasta ahora “necesitamos un remedio para cada partecita del proceso” y es cada vez más difícil encontrar o gestionar los remedios porque el presupuesto será muy escaso.
La alerta es que la promoción del proceso, su desarrollo y del llamado al voto quedarán bastante limitadas y terminará en algo parecido como una promoción “entre compas”, dijo Fernández. “Lo digo sabiendo el peso de las palabras. Porque la promoción de la votación queda entre los amigos. Quienes llegan a la posibilidad y quienes pueden ganar están en ese espectro. Entre amigos. Considerando que es el poder judicial lo que viene, no es un buen panorama”.
En México cuando las elecciones no son para votar por el presidente de la República, la presencia en las urnas es baja. Apenas 52 por ciento del padrón electoral se presentó en la última elección federal intermedia en 2021. Poca participación ciudadana con menos personal que la vigile no es el mejor panorama.
Y por eso la duda genuina: ¿hasta dónde quedará cuestionado el Instituto Electoral y en dónde la carga caerá en el recién conformado poder judicial? Si las elecciones se desarrollan con deficiencias y se ponen en duda los resultados, o parte del proceso, quienes vamos a pagar el precio seremos todos los que habitamos en el país.
@Micmoya