Debatir debe ser más que una noble concesión que la clase política otorga –cuando quiere, puede y le conviene- a la ciudadanía; debiera ser, más bien, un ejercicio exigido por los propios ciudadanos de manera permanente. Aún faltan varios meses para que los partidos escojan a sus candidatos presidenciales. Por esta misma razón, los más facultados hoy para hablar en nombre de los partidos son sus dirigentes formales. Según la última encuesta de Reforma, la intención de voto por partidos pone en primer lugar al PAN (27 %), en segundo al PRI (22 %), en tercero a MORENA (18 %), y en cuarto al PRD (6 %) –omití a los independientes (11 %) por no ser un partido político-.
Los presidentes de estas entidades de interés público –Ricardo Anaya, Enrique Ochoa, Andrés Manuel López Obrador y Alejandra Barrales- que, según el Instituto Nacional Electoral (INE), “tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática (…) y (…) hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, no han debatido entre ellos al día de hoy. Esto es necesario no por una cuestión mediática, sino por una cívica.
Transitar hacia una democracia más “cotidiana” y, por ende, más eficaz, implica pedir cosas directamente a la clase gobernante. No hablo de pedirle un auto a un diputado o un viaje a Europa al secretario de Turismo; me refiero a los asuntos de interés colectivo. En México, visitar a tus representantes no es una práctica común. ¿Cuántos de ustedes han ido a hablar con su delegado o alcalde para pedir la limpieza de una barranca eternamente contaminada? ¿O con su diputado federal para pedirle la gestión de una obra pública? ¿O con su diputado local para invitarlo a una reunión vecinal? Tal vez algunos lo han hecho, pero la mayoría de los mexicanos reduce al mínimo indispensable su trato con autoridades y políticos. Entiendo por qué pasa, “la burra no era arisca” dice la infinita sabiduría del mexicano, pero eso no quiere decir que esa sea la mejor ruta.
Si bien los presidentes de los partidos representan a sus militantes, las organizaciones que operan y los salarios, viáticos y prestaciones que reciben, son pagadas con recursos públicos. Ello, bajo la noción más básica de “lo justo”, debe incluirlos en la lista ciudadana de políticos a los que se les debe pedir, en este caso, que debatan. Lo más probable es que un abanderado de uno de estos partidos sea el próximo jefe del Ejecutivo. Esa es razón suficiente para exhortarlos al contraste de propuestas y plataformas partidistas frente a los ojos y oídos que votarán en 2018. La sociedad civil ya logró que estos cuatro dirigentes presentaran su #3de3. Ahora toca fomentar una democracia más reactiva, pidiéndoles no dinero o programas sociales sino información y posturas.
En un ejercicio totalmente especulativo, creo que si un periodista o medio –respaldado por, digamos, firmas electrónicas de ciudadanos- lanzase esta invitación a debatir, se seguiría un curso parecido al de la #3de3: Anaya, Ochoa y Barrales dirían que sí rápidamente, y López Obrador tendría que recibir un poco de presión mediática antes de aceptar. Pero de hacerse, sobre todo de manera cotidiana y en lo que se definen los candidatos presidenciales, solo habría beneficios. ¿Cuál es la posición de Ochoa y el PRI en el tema de Tanhuato? ¿De Anaya y el PAN en el tema de los matrimonios igualitarios? ¿Qué propone López Obrador y MORENA para combatir la inseguridad? ¿Cómo piensan Barrales y el PRD sacarle el mayor provecho a las Zonas Económicas Especiales?
Estas y otros respuestas están escondidas tras la ausencia de debates. Por esta, y por las razones aquí expuestas, creo que esta mesa debe darse ya. ¿Qué periodista va a girar la invitación? ¿Qué medios la transmitirán? ¿Qué formato tendría? Por lo pronto, haré mi parte como ciudadano mandándoles éste artículo a los cuatro dirigentes. Y una última cosa, colega ciudadano: que no le dé pena pedir. En un país como el nuestro, el “no” siempre los hemos tenido de antemano.