Durante el último cuatrimestre del año hemos estado viendo que la inflación está registrando presiones alcistas. La inflación al productor está dejando la zona de deflación. Coinciden países y regiones como Estados Unidos, China, la Zona Euro, Gran Bretaña y, por supuesto, en México con la presión generada hasta septiembre pasado del tipo de cambio.

 

La recuperación en los precios del petróleo y la presión en los costos de los alimentos a nivel mundial están también influyendo en los niveles de inflación. En Europa se ubicaron en su nivel más alto en dos años. En Gran Bretaña, las inflaciones al consumidor y productor en sus niveles más altos en dos años al situarse arriba de 1.0% anual. En China dejaron de bajar y en Estados Unidos, ayer registró un nivel de 1.50% anual al consumidor y de 2.2% anual al productor, cerca de niveles máximos en dos años.

 

De esta manera, los “riesgos” comentados a lo largo de mucho tiempo por los miembros de la Fed empiezan a tener una lógica. El único problema es que el crecimiento mundial sigue siendo bajo y la fuerte liquidez inyectada por los bancos centrales deberá empezar a limitarse y, posteriormente, a contraerse. Deberá de ser paulatino, pero esto es un síntoma de que las tasas de interés deberán de ir mostrando una tendencia al alza hacia el mediano plazo.

 

En el caso de México vemos que el riesgo de transferencia de precios está vigente, a pesar de una desaceleración económica que se vive. En los reportes corporativos al tercer trimestre del año, las empresas han mostrado dificultades para la generación de flujo operativo con respecto a lo esperado por el mercado.  Hay quienes prospectan que la inflación concluya 2016 arriba de 3.3% y hasta 3.7% anual.

 

Por esta razón y el comportamiento del empleo en Estados Unidos estamos convencidos de que la Fed aumentará su tasa de interés 25 puntos base este año, salvando su “credibilidad” como organismo y que está en juego. El Banxico respondería con otros 25 puntos base.

 

Llegó la hora de decidir y aprobar la Ley de Ingresos 2017.

 

Mañana, la Cámara baja deberá de aprobar la Ley de Ingresos 2017 con el fin de enviarla al Senado para su discusión y, en su caso, la aprobación final en octubre. Existe un temor por los requerimientos de ajuste al gasto público obligatorio para que el Gobierno federal retome la disciplina fiscal que urge para la estabilidad macroeconómica. No sólo serán las diferentes Secretarías de Estado las que se vean afectadas, sino también las entidades del país que presentan grandes necesidades educativas, sociales, de salud y de infraestructura, entre otras, pero desgraciadamente el tema de corrupción ha degenerado que el gasto sea mal ejecutado en un momento donde el Gobierno federal tiene que meter la tijera. Además, los tiempos políticos que se avecinan en 2017 y 2018 con elecciones estatales y federales serán temas a vigilar a la hora de distribuir los ingresos.

 

Un estado crítico entre su rezago y el complejo tema social y político con los maestros es Oaxaca, en el que el gobernador electo que iniciará funciones el 1 de diciembre próximo, Alejandro Murat Hinojosa, tendrá que responder a los 570 municipios en los que viven 4.0 millones de habitantes, en donde 23% es población rural. La escolaridad promedio es de primero de secundaria y la generación del PIB se encuentra en los sectores secundario y terciario. La posibilidad de transformar Oaxaca a través del desarrollo, la inclusión y el diálogo depende, en gran medida, de la corresponsabilidad de todos. El estado tiene grandes desafíos, pero también enorme potencial en su gente y sus recursos naturales.

 

Otra entidad que iniciará una nueva administración es Tlaxcala con Marco Antonio Mena Rodríguez, a partir del 15 de enero de 2017. Un estado con 1.3 millones de habitantes distribuidos en 60 municipios con un promedio de escolaridad de secundaria “concluida”.

 

 

Ojalá y tengan la oportunidad de contar con los mayores recursos disponibles para enfrentar retos y oportunidades de mejorar, cada uno de ellos, a su estado. El reto es hacer de tales recursos un destino “productivo y transparente” que genere confianza para que la iniciativa privada se sume a sus esfuerzos.