La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta el embargo de bienes, cuentas bancarias y suspensión de pensiones a raíz de procesos judiciales en su contra, que incluso la podrían llevar a prisión.
A menos de un año de haber dejado el cargo, la mandataria, quien gobernó durante dos periodos consecutivos, de 2007 a 2015, padece un acoso judicial que le impide hacer uso de la fortuna que acumuló al lado de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.
El fin de su gobierno, el pasado 9 de diciembre, aceleró diferentes procesos judiciales en los que se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y lavado de dinero.
Desde 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, hasta 2010, la pareja aumentó su riqueza de 7.1 a 80 millones de pesos (alrededor de 15 millones de dólares de la época), incrementos que siempre informaron en sus declaraciones patrimoniales públicas.
La pareja política justificó su abultada fortuna a partir de exitosos negocios inmobiliarios, en tanto que dirigentes opositores los acusaron de corrupción e impulsaron causas en su contra.
Después de que Néstor murió, en octubre de 2010, la fortuna personal de su viuda se redujo porque parte del patrimonio se repartió entre sus hijos Florencia y Máximo.
En su último año de gobierno, Fernández de Kirchner declaró bienes por 64.6 millones de pesos (unos 3.6 millones de dólares), pero en julio pasado el juez embargo casas, terrenos, vehículos y acciones de empresas para que no pueda transferirlas ni venderlas mientras es investigada.
Bonadío está a cargo de la causa contra Fernández de Kirchner en la que se le acusa de haber participado de una maniobra fraudulenta para autorizar, desde su cargo como presidenta, la venta anticipada de dólares que le provocó un perjuicio millonario al Estado.
Desde entonces, el juez ha intensificado la tasación de diversas propiedades de la ex presidenta para determinar si declaró su valor real.
Embargo
Esta semana, además, la Cámara Federal confirmó el embargo de los 5.6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en efectivo en cajas de seguridad y en cuentas bancarias.
En julio pasado, el juez Julián Ercolini resolvió en forma favorable el pedido de la fiscalía en una causa en la que se acusa a la ex presidenta de perjuicio a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El fallo de Ercolini consideró que Fernández de Kirchner entregó los millonarios fondos a su hija para que la justicia no pudiera congelarlos, lo que finalmente no pudo evitar.
También esta semana el gobierno advirtió que Fernández de Kirchner deberá renunciar a una de las dos pensiones que recibía como ex presidenta y como viuda del ex presidente, y tendrá que devolver los fondos que cobró por este concepto desde enero pasado.
dc