El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila pidió no dar por hecho que Raúl Cervantes Andrade será en automático el nuevo Fiscal General de la República y recordó que falta expedir la Ley de la Fiscalía General de la República y hacer la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de esta nueva figura institucional que sustituirá a la PGR.
Consideró que las declaraciones hechas por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, en el sentido de que con Raúl Cervantes “tendríamos un estupendo Fiscal (General) autónomo en los próximos meses”, carecen de sustento.
Herrera Ávila señaló que si bien es cierto que las reformas constitucionales en materia político-electoral, publicadas el 10 de febrero de 2014, establecen que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse dicha declaratoria quedará designado como Fiscal General, el PAN sólo ratificó el nombramiento de Cervantes Andrade como Procurador General, subrayó.
“Los panistas no hemos dado el aval para que Cervantes sea el futuro Fiscal General, como presupone Escudero. Su designación es por el tiempo que falta para que concluya el actual mandato presidencial. Cualquier otra expresión es mera especulación o buenos deseos de cuates”, precisó.
La reforma electoral de 2014 prevé la transformación de la PGR en una Fiscalía General con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, cambio con el que se busca garantizar que el ejercicio de la procuración de justicia en México tenga un alto nivel de profesionalización y sea más eficaz.
Asimismo, para la designación o remoción del Fiscal General establece un mecanismo que implica la colaboración del Senado de la República y del Ejecutivo Federal.
Por ello, el senador Herrera Ávila dijo que el tránsito de Procurador a Fiscal tiene que ser totalmente transparente, sin objeciones de sectores de la sociedad, además de que la persona designada deberá contar con un perfil que concite el más amplio consenso en la situación política que impere cuando se tome la decisión.
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