Los dirigentes del PRD y el PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, tienen un objetivo común: impedir que el procurador Raúl Cervantes sea el nuevo fiscal general de la República. Y es que la oposición hace cálculos rumbo a 2018 y de una forma u otra avizoran una nueva derrota del PRI en las elecciones presidenciales y no se ven gobernando con un fiscal de origen priista cuyo encargo termina en 2027 según establece la reforma aprobada por el Congreso en 2014.
De eso se trata. Uno de los puntos de la agenda del PAN, PRD y Morena es hacer de Enrique Peña Nieto el primer ex Presidente mexicano juzgado por delitos de corrupción y lesa humanidad a partir de los casos de la Casa Blanca de las Lomas, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los desde hace más de dos años.
Para la oposición y el Gobierno federal, la nueva Fiscalía General de la República -que comenzará funciones en 2018- representa una posición estratégica en un México en el que, tanto priistas como panistas, perredistas y lopezobradoristas utilizan a las instituciones del poder público para cobrar beneficios y venganzas con absoluta impunidad; por eso no conviene a la oposición un fiscal general cuyo origen es el círculo íntimo del Presidente, tanto como a Peña Nieto no le cuadraría uno que viniera de las filas opositoras.
Ni unos ni otros conciben a las instituciones más allá de ser utensilios para satisfacer sus intereses y no como organismos cuyo fin es beneficiar a la sociedad.
Los defectos que le achacan a Cervantes son sin duda políticos, pero en el plano judicial y académico no se le pueden negar los méritos como abogado constitucionalista y tampoco su visión crítica del Poder Judicial y de la propia estructura y funciones de la hoy PGR; como expuso ante el Senado al calificar a las actuales “fiscalías especializadas” de que son una “simulación”, ya que “no tienen las capacidades de investigación real, científica para cumplir su función”.
Cervantes heredó un paquete de asuntos relevantes que han puesto en vilo al país como son los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las matanzas de Tlatlaya y Tanhuato, el enfrentamiento de Nochixtlán y la orden de aprehensión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Le tocó ya el caso del ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, quien pretendía ser juzgado en libertad mediante maniobras jurídicas y mediáticas que fueron atajadas por el equipo de Cervantes que construyó lo que parece una acusación sólida contra el ex mandatario sonorense en un tiempo récord.
Habrá que ver cómo desahoga Cervantes estos casos relevantes y si en lo que resta de la administración puede realmente reformar y reestructurar a la PGR para convertirla en una fiscalía general eficaz.
El nuevo fiscal general tendrá “la titularidad del ejercicio de la acción penal, mando policiaco y control de sistemas de inteligencia y espionaje, propios de la función del Ministerio Público, para combatir al crimen organizado. Sería la institución autónoma más importante y poderosa en el país… sí, es un gran poder y una gran tentación”, advirtió hace casi dos años el abogado Alonso Aguilar Zínser.
La moneda está en el aire y depende de que la PGR deje de ser un instrumento político para procurar realmente justicia y opere sin sesgos políticos; el procurador Cervantes tiene las credenciales académicas y jurídicas para hacerlo, está pendiente ver si tiene la voluntad y la visión de futuro necesarias para concretarlo y trascender su origen partidista.
