La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 56/2016 a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, por violar el derecho de consulta de cuatro comunidades indígenas de los municipios de Lerma y Huixquilucan afectadas por construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.

 

Tras una investigación, la CNDH determinó que a pesar de que el proyecto contó con un anteproyecto de la ruta y estudios de prefactibilidad, impacto ambiental, tenencia de la tierra, evaluación económica y análisis financiero, éstos fueron elaborados de manera unilateral sin contar con la autorización de los pueblos originarios por donde pasaría la autopista, proyecto que inció el 5 de diciembre de 2006.

 

“Se corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes coincidieron en que su intervención tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015”, informó la CNDH en comunicado.

 

Otro de los problemas que pese al intento de consulta, en realidad las autoridades estatales y federales no cumplieron con los estándares mínimos para tal efecto.

 

Por ejemplo, se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México, impidiendo la participación de los vecinos de Lorenzo Huitzizilapan, de Lerma, y Santa Cruz Ayotuxco, de Huixquilucan. Además, entre el inicio y la promulgación de resultados sólo hubo una semana, tiempo insuficiente para aclarar dudas del proyecto.

 

Por tal motivo, la CNDH emitió la Recomendación donde obliga a la Sedatu a garantizar un proceso de consulta a los pueblos indígenas; a la Semarnat a que antes de expedir cualquier permiso ambiental verifique que la consulta fue realizada conforme a las leyes y al Gobierno del Estado de México a difundir los derechos de los pueblos originarios en materia de consulta.

 

jram