Fitch Ratings asignó calificaciones a dos créditos bancarios contratados por el estado de San Luis Potosí. El primero es Banorte 15 (“AA+(mex)vra”) cuya designación es considerada como “Alto Grado” con un monto inicial de 1,430.1 millones de pesos y un saldo insoluto de 1,420.7 millones al 30 de septiembre del 2016, contratado en diciembre del 2015.
El segundo, Banorte 15-2 (“AA(mex)vra”) también “Alto Grado” con un monto inicial de 2,229.5 millones de pesos y un saldo insoluto de 2,210.7 millones al cierre del tercer trimestre del año pasado, contratado en igual fecha que el crédito anterior.
Las calificaciones de los financiamientos se basan en la calidad crediticia del estado de San Luis Potosí, en la fortaleza jurídico-financiera de la estructura que respalda el pago del principal e intereses (servicio de la deuda), la evolución satisfactoria y la certidumbre del activo utilizado como fuente de pago (Fondo General de Participaciones).
También se sustentan en la constitución y permanencia de un fondo de reserva para el pago del servicio de deuda que mitiga riesgos posibles de liquidez, los márgenes de seguridad proyectados como satisfactorios bajo escenarios adversos modelados por Fitch.
La agencia refiere que el estado tiene la obligación de contratar una cobertura de tasa de interés (CAP) únicamente para el crédito Banorte 15, que deberá mantenerse hasta la liquidación total del saldo insoluto del crédito.
Los dos créditos están suscritos en el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago Casa de Bolsa Banorte para pagar en tiempo y forma el servicio de deuda, con patrimonio constituido por 17.5% del Fondo General de Participaciones que le corresponde al estado, donde 31.43% de dicho recurso corresponde al crédito Banorte 15 y 68.57% al Banorte 15-2.
El decreto 0007 del Poder Legislativo de la entidad, publicado el 6 de noviembre del 2015 autorizó al Ejecutivo estatal para gestionar y contratar la reestructura de la deuda pública directa para mejorar el perfil de vencimientos y las condiciones financieras originalmente contratadas, hasta por el saldo insoluto del 30 de septiembre del 2015, que conjuntamente fue de 3,685.6 millones de pesos.