El decreto que impide el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana a Estados Unidos, dictado la semana pasada por el presidente Donald Trump, fue duramente criticado por senadores republicanos y demócratas, y por fiscales, varios de los cuales anticiparon acciones legales y medidas para derogarlo o impedir su vigencia.

 

 

Los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham dijeron que la medida puede perjudicar la lucha contra el terrorismo porque los aliados más importantes en esa materia son los propios musulmanes que rechazan esa práctica.

 

 

“Este decreto envía una señal, buscada o no, de que Estados Unidos no quiere que lleguen musulmanes al país”, no fue “analizado de manera apropiada” y tampoco fue consecuencia de consultas “suficientes” a otros organismos gubernamentales, señalaron los legisladores en una declaración.

 

 

Asimismo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, informó en conferencia de prensa que su partido presentará un proyecto de ley para anular el decreto, al que calificó como “mezquino y antiestadounidense”, por lo que “debe ser revocado inmediatamente”.

 

 

Por otra parte, los fiscales generales de 16 estados y la ciudad de Washington emitieron una declaración conjunta en la que sostuvieron que el decreto en cuestión es “antiestadounidense” e “ilegítimo”.

 

 

Donald Trump, defendió su polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, pese a la ola de protestas que ha provocado dentro y fuera del país norteamericano.

 

 

El decreto ley suspende el ingreso en EU de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.

 

 

Pese al aluvión de críticas de líderes internacionales, legisladores demócratas y republicanos (el partido de Trump), y los fallos adversos de varios jueces federales, ni el presidente ni su Administración mostraron signo alguno de dar marcha atrás.

 

 

“Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, AHORA. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo – ¡un lío terrible!”, afirmó Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal en la red social Twitter.

 

 

“Los cristianos en Oriente Medio han sido ejecutados en grandes cantidades. ¡No podemos permitir que este horror continúe!”, agregó Trump, en una aparente alusión a los crímenes cometidos por grupos yihadistas como el Estado Islámico.

 

 

La medida desató la ira de manifestantes que se congregaron el sábado en decenas de aeropuertos de todo el país, con pancartas en las que se leían consignas “Refugiados, bienvenidos” o “Yo amo a mis vecinos musulmanes”.

 

 

Las protestas continuaron hoy en importantes ciudades del país, como la capital, Washington, donde varios miles de personas expresaron su repulsa ante la Casa Blanca.

 

 

Una jueza federal bloqueó a última hora del sábado parte del polémico veto, en respuesta a una demanda de la ACLU contra la orden ejecutiva de Trump, que cuestiona su constitucionalidad.

 

 

La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida, y que llegaron a aeropuertos de EU tras emitirse el decreto, no pueden ser deportados a sus países.

 

 

Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales en Alexandria (Virginia), Seattle (Washington) y Boston (Massachusetts) adoptaron decisiones similares.

 

 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que aplicará la orden de Trump, pero aseguró que “cumplirá los mandatos judiciales”.

 

 

El decreto del magnate se topó con el rechazo de los legisladores demócratas, como el líder de la minoría de ese partido en el Senado, Charles Schumer, quien exigió a Trump “revertir” el “miserable” veto y adelantó que evaluará medidas legislativas para frenar la orden.

 

 

“Nosotros no somos así”, escribió en su cuenta Twitter Hillary Clinton, la rival demócrata a la que el multimillonario venció en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, al dar su apoyo a quienes protestan para “defender nuestros valores”.

 

 

Asimismo, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, expresó su “profunda preocupación” por el veto temporal a la entrada en EU de los ciudadanos de varios países musulmanes, la mayoría de ellos miembros del organismo.

 

 

Irán e Irak, dos de los estados incluidos en la “lista negra” de Trump, ya han amenazado con prohibiciones recíprocas para cerrar la puerta de su territorio a los ciudadanos estadounidenses.

 

 

La decisión del multimillonario neoyorquino tampoco ha sentado bien en el vecino del norte, Canadá, donde el primer ministro, Justin Trudeau, ha defendido en su cuenta de Twitter a “aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra”.

 
Ofensiva europea
Las órdenes ejecutivas de Trump también afecta a cientos de miles de europeos de doble nacionalidad e incluso a aquellos que sólo tienen la nacionalidad de un país europeo pero un día tuvieron la de uno de los países de la lista de Washington.

 

 

En Alemania, la canciller Angela Merkel declaró estar “convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión”.

 

 

Incluso Londres salió a advertir de que responderá si sus ciudadanos se ven afectados. El titular de Exteriores británico, Boris Johnson, aseguró a su vez que el Gobierno protegerá “los derechos y libertades de los nacionales del Reino Unido, aquí y en el extranjero. Es divisorio y equivocado estigmatizar por la nacionalidad”, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, el primer musulmán en llegar a ese puesto, calificó la ley de “vergonzosa” y “cruel”.