Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto de la Ley de Seguridad Interior está siendo discutida en opacidad y sin evidencia empírica por parte de los legisladores, por lo cual temen que se aprueba una norma que dé atribuciones inconstitucionales a las fuerzas armadas en detrimento de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, representantes de organizaciones como Amnistia Internacional, el Centro José Agustin Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Investigación de Docencia Económicas coincidieron que hasta el momento se desconoce la iniciativa que discutirá la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, por lo que temen que el documento carezca de rigor y sea una ocurrencia de los legisladores.
Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, aseguró que hasta el momento los legisladores no han presentado ningún tipo de evidencia empírica para darle mayores atribuciones al ejército en tareas de seguridad pública, cuando desde la academia han encontrado que la participación de soldados en operativos aumenta la violencia en las calles.
Argumentó que en 37% de los operativos en los que participó el ejército entre 2006 y 2011 no hubo detenidos, esto porque todos los presuntos detenidos fueron abatidos durante enfrentamientos.
Además, aseguró qué hay evidencia que cuando elementos de la Sedena participan en operaciones de seguridad pública hay 9% mas posibilidades de que terminen en hechos violentos como balaceras.
Por ello, junto a las demás organizaciones, demandaron a los legisladores abrir a debate público la Ley de Seguridad Interior para que sus impulsores demuestren con evidencia que darle mayores atribuciones al ejército es bueno para el país, y de lo contrario que la detengan en los términos planteados.
jram