El gobierno federal condenó de manera enérgica los hechos de violencia ocurridos en Cadereyta, Nuevo León, y ofreció que “actuará con toda firmeza y fuerza para hacer justicia” y asegurar que esos hechos no quedarán impunes.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) explicaron que esos “episodios inhumanos e inadmisibles de violencia irracional” se deben a la confrontación entre organizaciones delictivas.

 

Expresamente son parte de la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados delictivos. expusieron mediante un comunicado conjunto.

 

Abundaron que existen indicios de que las organizaciones comandadas por Joaquín “el Chapo” Guzmán; Heriberto Lazcano Lazcano, alias “el Lazca”, y Miguel Treviño Morales, también llamado “el Z 40”, han desatado estos episodios inhumanos de violencia en su disputa criminal.

 

Al reiterar que estos hechos no quedarán impunes, la Secretaría de Gobernación explicó que el combate a la delincuencia se lleva a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante operativos conjuntos, en corresponsabilidad con autoridades locales.

 

En ese sentido destacó que “resulta necesaria una permanente colaboración entre las corporaciones encargadas de la seguridad pública en los ámbitos municipal y estatal, en coordinación con la Federación”, para devolver la tranquilidad a la sociedad.

 

En el comunicado se recordó que la PGR mantiene un programa de recompensas por 30 millones de pesos para quien proporcione información veraz que lleve al paradero de Guzmán Loera, Ismael “el Mayo” Zambada y Heriberto Lazcano.

 

Dicho programa de recompensas incluye la obtención de datos sobre Treviño Morales y se ofrece el correo denunciapgr@pgr.gob.mx y el número telefónico 01800 831 3196 para hacer llegar la información a las autoridades.

 

El gobierno federal actuará con toda firmeza “ante episodios de violencia caracterizados por homicidios cruentos, como el ocurrido en Cadereyta”, insistió la Secretaría de Gobernación y la procuraduría.

 

De la misma forma, “refrenda a las autoridades del estado de Nuevo León el respaldo subsidiario de la Federación para ir tras los culpables y detenerlos”.

 

Ambas dependencias resaltaron que habrá una actuación decidida de la Federación contra el crimen que amenaza la seguridad de los neoleoneses, al tiempo que ofrecieron su apoyo en las investigaciones y acciones para detener a los culpables.

 

Como ejemplo de esa colaboración, recordaron que más de 80 personas han sido llevadas ante la justicia a raíz del hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

 

Entre los detenidos destacan 16 elementos de la policía municipal y Martín Omar Estrada Luna, alias “el Kilo”, presunto jefe de plaza del grupo delictivo conocido como “los Zetas”.

 

En otro caso se detuvo a José Antonio Acosta Hernández, identificado como “el Diego” y presunto jefe de la organización criminal de Juárez, quien es presunto responsable de diversos hechos de violencia en Chihuahua.

 

Los crímenes cometidos en el Casino Royale, en Monterrey, también han sido perseguidos con todos los instrumentos al alcance de la Federación y más de 30 personas, de las 37 identificadas como presuntos responsables de los hechos, se encuentran hoy ante la justicia, recordó.

 

Entre ellas destaca Carlos Oliva Castillo, alias “la Rana”, encargado del grupo criminal “los Zetas” en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

 

El gobierno federal reiteró que es indispensable el compromiso de los actores políticos, económicos y sociales, así como el fortalecimiento institucional para contener a la delincuencia.

 

Al mismo tiempo hace falta también regenerar el tejido social para recuperar la seguridad y tranquilidad de las comunidades, puntualizaron ambas dependencias