Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Ixmiquilpan, Hidalgo a un individuo que cuenta con una orden de detención provisional con Fines de Extradición en Estados Unidos por su probable responsabilidad en el abuso sexual y violación contra una menor de edad.
Las labores de investigación de gabinete y campo, así como del intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y personal de la Agencia de Investigación Criminal, permitieron ubicar a esta persona para capturarla sin ningún disparo.
Juan Paulino “N”, de nacionalidad mexicana, cuenta con una ficha roja de Interpol emitida por Estados Unidos y se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI por su presunta responsabilidad de los delitos mencionados en el Condado de Pinellas, Florida.
Se presumía que el detenido utilizaba otra identidad, por lo que a través de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR se realizó un dictamen en materia de identificación, en el que se determinó que la imagen facial de esa persona correspondía con los rasgos morfológicos del sujeto.
Su captura se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos, indicó la PGR en un comunicado.
El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, a la espera de que concluya el proceso de extradición para ser entregado en breve al país que lo reclama. Redacción
Investigarán a la defensa de el Chapo
El juez Brian Cogan, encargado de juzgar a Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo, aprobó medidas extraordinarias para impedir que aliados del narcotraficante se infiltren en el juicio al que se enfrenta en Estados Unidos, de acuerdo con un documento publicado ayer.
Estas medidas, detalló el juzgador, suponen el análisis y la aprobación previa de cualquier ciudadano extranjero que quiera formar parte de la defensa de el Chapo.
Según el magistrado, esto se debe al historial de Guzmán Loera en el uso “de individuos, entre ellos individuos profesionales, para promover su supuesto negocio, ya sea abogados, investigadores u otros que podrían ser miembros o estar asociados con el Cartel de Sinaloa”.
Sin embargo, Cogan apuntó que “no es apropiado” que quienes lleven a cabo este análisis y aprobación de los posibles defensores del Chapo sean los mismos fiscales del caso, ya que con ello el Gobierno podría “conocer información privilegiada sobre la estrategia de defensa”.