El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) avaló un acuerdo para adelantar el proceso de fiscalización de las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República, que permitirá concluir la revisión de los gastos cinco meses antes de lo que marca actualmente la ley.

 

En la sesión extraordinaria del Consejo General del IFE se aprobó por unanimidad el acuerdo que se derivó de la propuesta realizada hace varias semanas por el PRD y que planteaba establecer un proceso extraordinario y adelantado de fiscalización a la campaña del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.

 

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, afirmó que este acuerdo promueve la consolidación del sistema de partidos mexicano y exige que la influencia del dinero no distorsione la disputa por el poder político.

 

Dijo que el acuerdo establece un procedimiento extraordinario de fiscalización a los gastos de campaña de la elección de presidencial, que permitirá dar a conocer con anticipación las observaciones que surjan en esa revisión.

 

Informó que se prevén tres etapas de fiscalización a las cuatro campañas presidenciales, por lo que la Unidad de Fiscalización revisará la información contable y documentación comprobatoria de los partidos y las coaliciones de los primeros 30 días de campaña.

 

En la segunda etapa, los partidos y las coaliciones entregarán su informe preliminar de gastos de campaña al 30 de mayo de 2012. En esta etapa intermedia la Unidad de Fiscalización dará seguimiento a las conclusiones de la primera fase, y comunicará a los partidos políticos las observaciones de sus informes preliminares de campaña.

 

Señaló que la tercera etapa, y última del procedimiento propuesto, los partidos políticos entregarán los informes de gastos de campaña el 8 de octubre de 2012, tal y como lo dispone la ley.

 

El consejero electoral, Marco Antonio Baños, expuso que se adelantará en cinco meses el proceso de fiscalización de las campañas presidenciales, ya que se estaría concluyendo el 30 de enero de 2013, es decir cinco meses antes de lo que marca actualmente la ley.