Quizá por las prisas, pocos, muy pocos ciudadanos se enteraron de que la Cámara de Diputados aprobó, el 28 de abril pasado, último día de sesiones del periodo ordinario, el endurecimiento de penas para los huachicoleros, los que roban combustible a Pemex.

 

Los diputados aprobaron una reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos –así se llama-, con la que se pretende combatir un delito que es cada vez más evidente y sangriento.

 

La reforma establece que si el robo de combustible es de hasta 300 litros, la pena de cárcel será de cuatro a seis años; si el robo es mayor a 300 litros, la pena será de seis a 10 años de prisión.

 

Si el robo es mayor a mil litros, la pena será de 10 a 12 años de prisión, pero si es mayor a dos mil litros, la pena será de 12 a 17 años de prisión.

 

Si un servidor público participa de huachicol, será acreedor a una pena de tres a siete años de prisión, y quienes comercialicen el producto del robo tendrán una pena de ocho a 12 años de cárcel.

 

Hay también una pena de cárcel, de 10 a 14 años, para quien obligue o intimide a personas a participar en toda la cadena del robo.

 

Digamos que para los que roban “poquito”, el delito sigue siendo NO grave; las penas aumentan cuando el robo supera los mil litros de combustible.

 

La minuta fue enviada al Senado que, igual que otros asuntos, no tiene fecha prevista para su discusión y aprobación –será en el mejor de los casos a partir del 1 de septiembre.

 

En tanto, los huachicoleros aprovechan que el delito sigue siendo NO grave para continuar pagando fianzas ridículas y poder llevar su proceso en libertad.

 

De los más de 300 huachicoleros detenidos en lo que va del año, ninguno permanece en prisión, salvo los nueve que fueron llevados a proceso por el asesinato de cuatro militares en Puebla.

 
La incorporación de Rafael Ochoa, ex líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México facilitó el acuerdo por el que Movimiento Ciudadano y Morena sellaron una alianza de facto.

 

Ochoa, lo comentamos el martes pasado, dejó el SNTE confrontado con Gordillo Morales, y desde entonces se había dedicado a construir su propio futuro político de la mano de Dante Delgado.

 

El dueño de partido Ciudadano –es un decir- lo trató de llevar a una diputación local en Veracruz, pero fue bateado, lo cual no minó su cercanía con el ex gobernador jarocho.

 

Dante no es de las filas de Andrés Manuel López Obrador, quien lo ve como un oportunista y aliado en su momento “de la mafia del poder”.

 

Pero, al igual que recibió a Ochoa y lo que éste pueda aportarle a Gómez, así sea en imagen, no dudó en cerrar los ojos y dejar pasar al veracruzano a engordar las alianzas con su partido.

 

Una gubernatura bien lo vale.

 

 

¿Qué se puede decir de la estrategia anunciada ayer en Los Pinos para la protección de los periodistas?

 

Puras buenas intenciones que se actualizarán hasta la próxima desgracia.

 

Sigue faltando un protocolo institucional preventivo, no reactivo.

 

aarl