Esta semana volveremos a escuchar nuevos casos de espionaje electrónico en contra de miembros de organizaciones civiles e incluso contra periodistas, lo que provocará que la ruptura con el Gobierno federal se haga más latente.
Este espionaje ha causado que miembros de las organizaciones civiles se sientan incluso vulnerados en su seguridad, y muchos de ellos sientan temor por su integridad física.

 
El anuncio irá acompañado de diversas pruebas y casos en los estos ciudadanos, activistas, investigadores y periodistas han sido espiados en los últimos meses a través del spyware Pegasus, que se presume fue comprado por el Gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group.

 
El hecho es que la denuncia de la semana pasada no sólo surgió del espionaje a tres investigadores y activistas en temas de salud y de la falta de respuesta en las investigaciones por parte de las autoridades federales, sino que las organizaciones tenían claro que gran parte de ellos seguían siendo espiados.

 

Los nuevos casos no sólo serán denunciados por las 10 organizaciones que hace una semana anunciaron que abandonaban el diálogo del Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), sino por otras organizaciones y miembros de la sociedad que, presumen, han sido espiados recientemente por el Gobierno federal.

 

Este sistema de espionaje es considerado por los especialistas como uno de los instrumentos más sofisticados para invadir un teléfono celular, tener acceso a todos sus archivos e imágenes, a su cámara y micrófono. A través de archivos, mensajes de Whatsapp o mensajes SMS, el sistema ingresa a los celulares y logra obtener las contraseñas para poder acceder a los correos electrónicos y redes sociales de las personas espiadas.

 
De acuerdo a las investigaciones y por si eso no fuera poco, el software puede activar la cámara y micrófonos a discreción, convirtiendo a los celulares de las personas en grabadoras y cámaras en vivo de lo que están haciendo y platicando los usuarios.

 
Hay que resaltar que la empresa israelita NSO Group, regulada por el Gobierno de Israel, ha señalado que este instrumento de espionaje a gobiernos de diversos países establece que sólo puede usarse en investigaciones relacionadas con la seguridad interna de las naciones, contra la delincuencia organizada y posibles actos de terrorismo.

 
De acuerdo a nuestras leyes, para poder espiar e instalar este sistema en el celular de una persona o un grupo de ellas se requiere de la orden de un juez que autorice tal acción, y dicha orden deberá ir acompañada de elementos que comprueben la necesidad del espionaje para resolver una investigación ya iniciada por temas de seguridad.

 
El problema hasta hoy es que, de este espionaje denunciado por las 10 organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno federal no les ha dado respuesta e incluso ha guardado silencio sobre este asunto.

 
De hecho, la única respuesta ha sido que lamentan la salida de estas organizaciones de la alianza por un gobierno abierto y la negativa de espionaje o de la compra de este sistema de espionaje.

 
En otros procesos

 
Estamos a una semana de que concluyan las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, y las autoridades de la Procuraduría General de la República han estado muy cautelosas de que las investigaciones contra los ex gobernadores no den alguna sorpresa inesperada. De lo que habrá que estar pendientes es de que la sorpresa no se las dé esta semana el Poder Judicial federal en el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien podría propinarle un revés inesperado a través de un amparo.