Margarita Zavala ha comenzado una precampaña en calidad de… ¿de qué?

 

 

Evidentemente se trata de una aspirante presidencial, pero que se lanza al ruedo sin el respaldo del partido y con financiamiento que no está claro.

 

 

Porque no me diga que no cuesta la logística para mover a una comitiva por todo el país, por pequeña que sea, encabezada por la esposa de un ex Presidente de la República.

 

 

¿Quién financia esta precampaña de la ex primera dama?

 

 

Y es que estas lagunas jurídicas que tiene la legislación electoral mexicana permiten casos como el de Andrés Manuel López Obrador, quien lleva años en precampaña y no puede ser sancionado “porque no hace invitaciones a votar por él o su partido’’.

 

 

La explicación es bastante boba, por decirlo de alguna manera publicable, pues la estrategia de exhibir los errores –y horrores- de la competencia política implica promocionarme como la mejor opción.

 

 

En el caso de Zavala, se trata de una pre-precampaña; ni siquiera su partido ha decidido el método de selección de su candidato, pero ella ya trazó la ruta que seguirá para hacerse de más adeptos.

 

 

Sin embargo, la señora Zavala deberá estar consciente que jugar anticipadamente la expone a las críticas y cuestionamientos que incluso su partido ha hecho a la campaña abierta de López Obrador, incluido desde luego el origen de su financiamiento.

 

 

Sus rivales dentro del propio partido ya se preparan para iniciar una contracampaña en la que se cuestione si, como pre-precandidata no tendría que rendir cuentas al INE de los recursos que emplea.

 

 

O sea, si no está cometiendo un delito electoral.

 

 

¿Usted qué cree?

 

 

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San Luis Potosí amaneció ayer con un escándalo de corrupción en el Congreso local, que pondría rojos de vergüenza hasta a los promotores de los famosos “moches’’.

 

Un presidente municipal grabó una reunión con el diputado local del Verde Ecologista, Enrique Flores Flores, nada más ni nada menos que presidente de la Junta de Coordinación Política, quien le propone el pago de cuatro millones de pesos para limpiar las “observaciones’’ de la Auditoría Superior del Estado a su administración.

 

El monto solicitado equivale a 10% de dichas observaciones que suman 40 millones de pesos.

 

 

El escándalo es histórico porque Flores Flores involucra además a los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso y a los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, quienes, dice, hacen “bisnes’’ con las observaciones levantadas en las cuentas públicas de los municipios.

 

 

Los que tienen observaciones por montos mayores, deban pagar 20% del dinero observado.

 

 

Cuando se le preguntó al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, dijo desconocer el asunto –ajá-, pero ante la insistencia de los reporteros refutó que era un caso que no se había concretado.

 

 

Ojalá que en este caso, documentado con video, los partidos no sólo expulsen a sus corruptos y con ello se pretenda castigarlos; tiene que haber una sanción penal, porque en este país, aunque pase, nunca pasa nada.

 

 

A ver si es cierto eso de la transparencia que gritan todos los partidos políticos.