Cada vez crece más el debate en torno a si es necesaria y urgente una contrarreforma al aún llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal. Las voces son distintas y las necesidades de los cambios también.

 

Y quizás ésa es una de las cuestiones que más nos deberíamos preguntar, es decir, ¿la contrarreforma nos beneficia a todos?, ¿beneficiará a las autoridades y sus investigaciones?, ¿la contrarreforma no violentaría ni daría marcha atrás a los derechos ganados por los ciudadanos y la presunción de inocencia?

 

Son muchas las dudas, como el número de voces que han salido a defender o atacar al nuevo Sistema Judicial. Por un lado, los encargados de la seguridad y los gobernadores de las entidades en las que se han incrementado los delitos de alto impacto aseguran que la responsabilidad de estos aumentos es culpa del Sistema Penal, que permite salir a los presuntos delincuentes en libertad de forma inmediata, y nos ponen ejemplos de aquéllos que son detenidos con grandes cargamentos de armas y a las pocas horas se les deja en libertad.

 

Otras voces van enfocadas a que las modificaciones obliguen a los jueces a incrementar la llamada prisión preventiva, en tanto que las organizaciones civiles optan por analizar por completo el funcionamiento del nuevo sistema, los logros y fracasos que se han tenido y, sobre todo, analizar qué autoridades son las que están fallando.

 

Y todo pareciera que la opción más deseable será que las autoridades federales y estatales hagan antes de cualquier contrarreforma o cambio al Código Penal una evaluación que permita llegar a las conjeturas de lo que falta.

 

Para ello es necesario recordarles a las autoridades que aseguran que la culpa de la delincuencia es del nuevo sistema, que son ellas mismas las que han violado la ley, pues los artículos transitorios de la reforma detallan que cada seis meses y cada año debería haber una evaluación de todo el sistema. Sin embargo, desaparecieron al órgano que llevaría a cabo esa labor, y el Secretariado Ejecutivo no ha presentado ningún análisis.

 

Es por ello que como lo propusieron México Evalúa y CIDAC, es necesario pensar en la creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional que esté conformada no sólo por representantes de los tres Poderes de Gobierno, sino también por funcionarios de instituciones que, hasta ahora, no han jugado un rol relevante en la implementación del sistema, como las defensorías, el Poder Judicial local y el Sistema Penitenciario.

 

Es importante destacar que en el debate de la contrarreforma no se habla de la falta de capacitación de los cuerpos policiacos o de la mala integración de las llamadas carpetas de investigación, que son claves para poder procesar a los presuntos culpables.

 

En otros procesos

 

Habrá que estar muy pendientes de las autoridades tamaulipecas, pues los constantes operativos contra el crimen organizado han ocasionado molestias en diversos grupos que se beneficiaban de negocios ilícitos. Hay diversas denuncias e investigaciones contra grupos delictivos que en breve se anunciarán y que se iniciaron justo con la llegada del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

 

aarl