Senadores del Partido Revolucionario Institucional, adviertieron que el gobernador de Baja California, el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, está incurriendo en diversas irregularidades y ha endeudado al estado de manera preocupante, ante lo cual han pedido a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, realizar una investigación exhaustiva por un presunto enriquecimiento ilícito.
Además ante la sospecha de una probable asignación irregular de obras a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (Urbaca); los senadores priistas solicitaron al congreso del estado realizar una auditoría a los contratos asignados durante su administración.
Explicaron que durante los tres primeros años de la administración del gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, así como las evidencias de un presunto enriquecimiento ilícito durante su administración al frente del municipio de Tijuana, “resulta apremiante instrumentar las acciones necesarias para prevenir y evitar este tipo de conductas, y en su caso para promover las acciones que conforme a derecho procedan”.
Los legisladores dieron a conocer que según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su Reporte de Deuda Sub nacional del Segundo trimestre de 2016, señala que la deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales 12 mil 666 millones corresponden al Gobierno estatal y representan un incremento de 1 mil 347 millones con respecto al año anterior.
Además, hicieron referencia a la denuncia de los maestros que no recibieron el subsidio de Beca Progreso de cerca de 410 millones de pesos. Así como el adeudo de 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California.
Señalaron que cuando el hoy mandatario estatal se desempeñó como alcalde de Tijuana durante el trienio 1998-2001, se registró un enriquecimiento ilícito de su fortuna, “prueba de ello es la adquisición de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales”.
En tanto, que ha sido cuestionado por la construcción de una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a 4 millones de dólares.
Ante ello, señalaron que en el caso de la administración de Francisco Vega, “estamos a tiempo de evitar posibles desfalcos a las arcas públicas y acciones que perjudiquen el futuro de los ciudadanos de Baja California”.
ot