Alejandro García recibió la primera amenaza en octubre de 2016: “éstas tierras ya pertenecen a El Diablo, es mejor que te vayas”, le ordenaron una decena de hombres armados a bordo de vehículos oficiales de Nayarit.
La misma advertencia la recibieron otros dos comuneros del ejido Vado de San Pedro, un polígono de al menos 140 hectáreas, enclavado en el municipio indígena de Ruiz, Nayarit.
Con 80 años a cuestas, sin un pie debido a un accidente, y en silla de ruedas, Alejandro dirigía a una docena de sus nietos, quienes lo ayudaban en la siembra de maíz y frijol en sus 30 hectáreas.
En octubre pasado, cuando le llegó la primera amenaza de El Diablo, no se achicó y le dijo al emisario: “váyanse a la chingada, a mi el Gobierno federal me entregó las tierras, están certificadas por el Registro Agrario Nacional“.
Pasaron meses e incluso ya había olvidado el episodio, hasta una tarde de febrero, cuando llegó con sus nietos a sus tierras en una camioneta Ford, que recién había mandado traer de Estados Unidos.
El mismo hombre que lo amenazó en octubre le impidió entrar a sus tierras; varios sujetos descendieron de un par de camionetas de la Policía Judicial, y con armas de alto poder al ristre, rodearon al anciano en silla de ruedas y a sus nietos, algunos de ellos adolescentes y niños.
El sujeto que dirigía a los presuntos judiciales sólo se identificó como Feliciano y, sin más explicaciones, le puso unas hojas enfrente a Alejandro para que las firmara; de lo contrario, le advirtió, lo tendría que acompañar porque esas tierras pertenecían al “señor fiscal, el mismísimo Diablo”.
La respuesta de Alejandro fue ignorar al mensajero de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, actualmente preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Mientras hablaba con sus nietos sobre las faenas que realizarían ese día, sintió un golpe seco en la espalda y cayó de su silla de ruedas. Sus nietos más grandes intentaron defenderlo, pero fueron golpeados y arrojados a un pozo.
Alejandro fue trasladado a la Fiscalía Estatal de Nayarit, recluido en un sótano, golpeado y amenazado por 10 días para obligarlo a firmar unos papeles. “Me decían que sería más fácil si les daba la firma, porque de todos modos ya me habían quitado mis tierras”.
Al negarse, lo trasladaron a una cárcel municipal de Santiago Ixcuincla, donde le fijaron una multa de 11 mil pesos para liberarlo y a sus nietos les confiscaron la camioneta.
De vuelta en su comunidad, otros ejidatarios, a quienes también arrebataron sus tierras, le pidieron que no denunciara ni hiciera ruido sobre lo sucedido, que mejor trabajara para los que ahora controlaban los predios.
Esa idea no lo convenció y Alejandro, a sus 80 años, decidió interponer una denuncia en la misma Fiscalía donde lo torturaron. Fue ignorado por los agentes del Ministerio Público y sólo consiguió un dato: su camioneta estuvo unos días en un corralón del estado, pero misteriosamente desapareció.
Su osadía tuvo consecuencias, al regresar a sus tierras, las dos casas que había construido y que representaban el patrimonio de toda una vida de campesino habían sido incendiadas.
A partir de marzo, a sus terrenos ingresó maquinaria pesada que, asegura, tiene logos del Gobierno de Nayarit; además, personas desconocidas se asentaron en las tierras para vigilarlas y han empezado a construir una cerca.
En varias ocasiones, Alejandro ha querido ingresar, pero de inmediato se aparecen policías judiciales para amedrentarlo. Incluso, afirma que una vez un comandante lo retó a que armara a sus nietos y se disputarán a balazos la tierra.
Acciones legales
Hasta el momento, Alejandro no puede entrar a sus tierras; sabe que perdió la cosecha de este año, y su única esperanza es viajar cada miércoles a Tepic para armar el expediente de su caso y, con la ayuda de un grupo de abogados, denunciar ante autoridades federales.
Los abogados pertenecen a la Comisión de la Verdad, un organismo ciudadano de Nayarit que denunció al gobernador Roberto Sandoval por enriquecimiento ilícito y que ahora brinda asesoría jurídica a quienes fueron agraviados por alguna autoridad estatal.
Uno de los abogados, que decidió hablar con la condición de proteger su identidad, señaló que tienen documentados al menos 70 casos de despojo de tierras mediante amenazas y tortura; todos tienen una coincidencia, policías judiciales, a nombre de Édgar Veytia, arrebataron sus tierras a comuneros y los obligaron a firmar escrituras a favor de personas desconocidas.
Alejandro asegura no tener miedo a morir por recuperar sus tierras y, orgulloso, muestra su bien más preciado: una hoja enmicada, expedida por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto en 2013, donde el Registro Agrario Nacional lo certifica como dueño de 3O hectáreas en el ejido de Vado de San Pedro, Nayarit.
Sandoval suma 300 denuncias
La Comisión de la Verdad tiene registrados al menos 300 casos de abuso de autoridad, despojo, tortura, desapariciones forzadas, secuestro, entre otros delitos cometidos por servidores públicos durante el actual mandato de Roberto Sandoval en Nayarit.
Dicha comisión inició su labor con una denuncia de hechos ante la PGR para que investigara el supuesto enriquecimiento ilícito del mandatario Sandoval y su círculo cercano.
Además, hace un par de meses convocó a la ciudadanía afectada o agraviada por funcionarios del gobierno nayarita a denunciar sus casos.
24 HORAS asistió a una de las reuniones que se llevan a cabo cada semana cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tepic, y pudo constatar que una veintena de personas acudieron ese día a exponer sus casos.
caem