AUSTIN.- Las ciudades estadounidenses fronterizas con México son más seguras que muchas grandes metrópolis de la nación, como Washington DC, Detroit (Michigan) o Chicago (Illinois), según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

 

La oficina del congresista federal por Texas, Henry Cuéllar, reveló ayer que los datos de un estudio del FBI muestran que las ciudades de la frontera sur tienen índices de criminalidad «significativamente» más bajos que las principales ciudades del país, lo que «contradice» la retórica de la Administración de Donald Trump.

 

En 2016, las ciudades fronterizas de Brownsville y McAllen (ambas en Texas) registraron tasas de crímenes casi 90% inferiores que Detroit, 80% por debajo de Washington DC y Houston (Texas), y menos de la mitad de los crímenes ocurridos en las texanas Dallas y San Antonio, destacó la oficina de Cuéllar en un comunicado.

 

Por otro lado, las tasas de homicidio en Chicago y Washington DC son diez veces superiores a los datos registrados en las localidades fronterizas de El Paso, Browsnville y McAllen.

 

El registro de asesinatos en Detroit, la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país, multiplica por veinte la de estas ciudades situadas a lo largo de la frontera con México.

 

«Una vez más, cuando nos fijamos en las cifras reales, vemos que algunas de las ciudades más seguras en Estados Unidos están en la frontera con México, mientras muchas personas siguen describiendo erróneamente la región del sur como insegura por la violencia de las pandillas», indicó Cuéllar.

 

El representante del distrito de Laredo (Texas) dijo que estos números deben hacer que la gente se replantee lo que ha oído de esta zona del país en los últimos meses.

 

«Esta desinformación perjudica a nuestra economía local y hace que sea difícil atraer talento y trabajadores calificados y fomentar la inversión», lamentó.

 

El FBI registró 17 mil 250 asesinatos en Estados Unidos durante 2016, lo que supone un incremento de 8.6 % con respecto al año anterior y muestra un fuerte aumento de la criminalidad.

 

Sin embargo, las estadísticas en estas ciudades fronterizas se mantuvieron similares a las registradas el año anterior.

 

Estas fueron las primeras estadísticas de criminalidad que el FBI publica durante el Gobierno de Trump, quien en el momento de jurar su cargo como presidente, el pasado 20 de enero, consideró que las ciudades de Estados Unidos estaban sufriendo una «carnicería» y prometió ponerle fin.

 

Rechaza ampliar plazo del DACA

La secretaria interina del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke, rechazó una petición de la senadora de California Kamala Harris para extender el plazo de renovación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

 

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado, Harris emplazó a Duke a extender el plazo del 5 de octubre, bajo el argumento del impacto de los recientes desastres naturales, del papeleo burocrático y del pago de 495 dólares de renovación.

 

La titular del DHS dijo que no ha sido notificada por nadie que los desastres naturales han afectado el proceso de renovación del DACA.

 

“Un programa inconstitucional que los mantiene en un limbo de dos años no es la respuesta correcta”, remató.

 

Texas aplicará ley SB 4

DALLAS.- La Oficina del Procurador General de Texas anunció que comenzará a aplicar la ley SB 4, que prohíbe a las ciudades santuario en Texas.

 

El procurador general de Texas, Ken Paxton, dio a conocer que su oficina comenzará a aceptar quejas contra los gobiernos locales que mantienen «santuarios» y prohíben a sus agentes de policía cooperar con las autoridades federales de inmigración.

 

Paxton dijo que las quejas podrían también ser presentadas contra funcionarios que adoptan políticas que impiden que los agentes ayuden, cooperen o intercambien información con funcionarios federales de inmigración.

 

El anuncio se da luego de que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, determinara esta semana que parte de la SB 4, puede entrar en vigor mientras la constitucionalidad del estatuto es considerado en apelación.

 

La ley SB 4, autoriza castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

 

La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

 

*edición impresa 24 Horas

 

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