Después de dos años, pero en realidad después de una gran deuda con las miles de familias de desaparecidos en México, la semana pasada logró aprobarse la Ley General sobre Desaparición de Personas.

 

Pareciera un simple anuncio y una ley más, pero en realidad no lo es pues las modificaciones traerán consigo diversos cambios que ayudarán no solo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas sino también en las penalidades para quienes son responsables de las mismas.

 

En nuestro país hay un registro de 33 mil 482 personas extraviadas o desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De este total 24 mil 805 son hombres y 8 mil 677 mujeres.

 

Sin embargo, esta cifra no ha logrado depurarse en los últimos 8 años pues muchas de estas personas han sido localizadas, otras más fueron secuestradas y en el menor de los casos se ha tratado de personas que por su propia voluntad han dejado a sus familias.

 

Con esta ley se pretende distribuir  competencias, establecer un marco de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y sobre todo crear mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación y sanción de este delito.

 

Lo interesante en esta ley será que se establecen dos tipos penales, el principal de ellos es que las desapariciones serán de carácter permanente, se perseguirán de oficio y el delito como tal no prescribe.

 

Además se incluye el término de desaparición forzada y desaparición por particulares, con penas de hasta 90 años. Situación que años atrás era imposible demostrar por la vía jurídica.

 

La implementación de esta ley será básica para dar certeza a las familias que por años han buscado que las autoridades no sólo encuentren a las personas no localizadas sino que sancionen a los responsables.

 

Una vez que se lleve a cabo su implementación podremos ver los cuatro instrumentos básicos que la componen; por un lado el  Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) que segura la inmediata movilización para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas

 

Dentro del marco de esta aprobación ayer domingo se dio la noticia de la captura del asesino material de la activista Miriam Rodríguez quien fue ejecutada el pasado 10 de mayo, ella tras la desaparición y muerte de su hija se han dedicado a crear un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

 

Durante un recorrido por el centro de la ciudad de San Fernando, para cumplimentar mandatos judiciales, elementos de la policía judicial del estado de Tamaulipas, localizaron a Juan Antonio Alvarado López El Alushe –autor material del homicidio– contra quien había una orden de aprehensión por su participación en el homicidio de la activista.

 

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) informa que, tras repeler una agresión en su contra, policías ministeriales e investigadores lograron la captura de cuatro integrantes de un grupo delictivo, probablemente dedicado al secuestro y extorsión.

 

Esperemos a ver cómo se aplica esta nueva ley y que sus resultados los podamos ver en corto plazo.

 

 

 

caem