Por presiones o por iniciativa propia, haiga sido como haiga sido, Santiago Nieto hizo lo que tenía que hacer desde un principio de la crisis del Senado: dar un paso de costado.

 

La decisión de Nieto sorprendió a sus defensores, pero no a sus detractores, como si los segundos esperaban algo así o un milagro.

 

Y se les concedió.

 

Nieto no garantizaba una fiscalía autónoma ni para unos ni para otros; su nivel de credibilidad había caído a tal punto que incluso entre sus defensores comenzaban a preguntarse si valía la pena estirar la liga de las negociaciones en el Senado.

 

Al final –dice la oposición que fue por amenazas-, Nieto decidió retirar la impugnación de su despido que había presentado al Senado y con ello la Cámara alta se ahorró unos días más de confrontación.

 

Lo que sigue es la negociación para suplir a Nieto.

 

Faltan tres nombramientos que son indispensables para el sistema de justicia a la mexicana: el del fiscal general, sustituto de la figura del procurador general, el del fiscal especializado en el combate a la corrupción y ahora el fiscal contra los Delitos Electorales.

 

El PAN denunció al principio de este año que el PRI les había ofrecido que ellos nombraran al fiscal anticorrupción a cambio de que le aceptaran como fiscal general a Raúl Cervantes.

 

Ahora viene la negociación otra vez, de los cargos, que son de máxima importancia considerando dos cosas: el final del sexenio y las elecciones federales de 2018, en las que se disputan más de dos mil 400 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República.

 

A usted, ¿quién le gusta para fiscal general, quién para fiscal anticorrupción y quién para fiscal electoral?

 

 

 

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, envió una carta a quien esto escribe para referirse a la demanda de derecho de réplica que ejerció contra el periódico El Universal.

 

Anaya sostiene que la nota del diario, publicada el 23 de agosto pasado, contenía información falsa, pero como fue replicada mil 200 veces, una de ellas en este espacio, solicitaba su derecho de réplica.

 

En realidad en este espacio no se juzgó si la nota era cierta o falsa; se hizo referencia al hecho de que por primera vez se pondría a prueba el derecho de réplica después de las modificaciones constitucionales hechas por el Congreso.

 

Y si, efectivamente, el juez federal XIV de Distrito en materia civil en la Ciudad de México condenó a El Universal a pagar una multa -500 días de salario mínimo- y a publicar la aclaración correspondiente en el espacio de la nota principal de su primera plana.

 

El texto que el juez federal ordenó se ha publicado en la primera plana del diario, como ejercicio de la réplica de Anaya, se apunta lo siguiente:  

“Según lo sostenido por El Universal, su patrimonio se incrementó de seis a treinta y tres propiedades en el año dos mil diecisiete, lo cual es inexacto porque desde etapa anterior a los cargos públicos de Ricardo Anaya, su familia ya contaba con las propiedades referidas (…) No hubo prueba de que el incremento en el patrimonio de la familia política del líder del Partido Acción Nacional tuviera relación con los cargos obtenidos por éste en su trayectoria laboral y política”.

 

El diario anunció que recurrirá a un Tribunal Colegiado para impugnar el fallo.

 

 

 

caem